Un expresidente ahora enfrenta cargos de lavado de dinero, otro de vender indultos a narcotraficantes y un tercero está en la cárcel, mientras que un congresista ha sido vinculado con un traficante de drogas mexicano, lo que sugiere una corrupción endémica en la clase política de Perú.
En una votación unánime, el Congreso aprobó un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso que sugiere acusar al expresidente Alejandro Toledo (quien estuvo en el cargo desde 2001 hasta 2006) por lavado de dinero y conspiración criminal. Toledo es acusado de utilizar fondos de una empresa fantasma costarricense con el fin de financiar la compra de una casa y una oficina que hizo su suegra por US$5 millones. Toledo, quien ha estado bajo investigación desde el año pasado, ha criticado las acusaciones calificándolas como un “ataque político” ya que planea postularse de nuevo para la presidencia en 2016.
El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se enfrenta a una posible acusación en el escándalo de “narcoindultos”, donde se le acusa de haber participado en la venta de indultos a los reos, incluyendo a traficantes de drogas.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se encuentra en prisión, cumpliendo condenas por violaciones de los Derechos Humanos y por malversación de fondos.
Junto a estos escándalos que involucran a expresidentes, un congresista se ha visto envuelto en una controversia. La revista investigativa Caretas reveló recientemente que un portavoz del partido político de Toledo, José León Rivera, había alquilado una casa en la playa a un hombre que la policía dice que es un narcotraficante mexicano, responsable de la mayor incautación de cocaína jamás confiscada en Perú.
Aunque en un principio el congresista negó conocer al presunto traficante, Rodrigo Torres, un video de vigilancia policial difundido por Caretas presuntamente muestra a ambos reunidos fuera de la casa. Después de la divulgación del video, León admitió haberse reunido con su inquilino en varias ocasiones, pero dijo desconocer su participación en el tráfico de drogas.
Análisis de InSight Crime
La investigación en curso sobre los asuntos financieros de Toledo pronto podría acompañar una investigación más profunda sobre las relaciones de León con los mexicanos. A esto se suma el hecho de que más del 90 por ciento de los alcaldes del país están bajo investigación por corrupción y se presenta lo que parece ser una corrupción sistemática en el mundo político de Perú, alcanzando los niveles más altos.
Otro reto que enfrenta esta nación andina es limpiar el grupo de los candidatos que planean presentarse durante las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes, previstas para el 5 de octubre. El ministro del Interior ha dicho previamente que se han identificado 115 candidatos vinculados con casos de tráfico de drogas, así como 345 candidatos que ya han sido condenados por un delito.