Las leyes de extinción de dominio pueden ser una excelente manera de atacar la base del poder económico de los grupos del crimen organizado, pero en Guatemala -y en otros países de la región- una serie de retos burocráticos han dificultado su implementación.
En los tres años que ha operado el juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio de Guatemala, se han dictado cerca de 40 condenas al año, dando lugar a la incautación de cerca de US$3,2 millones en activos, informó La Hora.
Según el juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda, la ley de 2010 (pdf), que permite a las autoridades confiscar las propiedades que fueron compradas con fondos ilícitos, es un complemento importante a los intentos de procesar a los líderes criminales.
Sin embargo, mientras que el Ministerio Público (MP) de Guatemala -que dirige los casos de extinción de dominio- tiene amplias facultades para poder investigar, comprobar que existe una duda razonable sobre la legitimidad de los bienes es un proceso lento y difícil, afirmó Villeda. Esto es particularmente cierto cuando hay transacciones transnacionales involucradas.
Expertos guatemaltecos dicen que puede tomar años completar un caso de extinción de dominio. A modo de ejemplo, siete propiedades que pertenecen a uno de los principales clanes de la droga de Guatemala, los Lorenzana, fueron congelados en 2012, pero el MP aún tiene que solicitar la extinción de dominio de los bienes.
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La notificación sobre la acción de extinción de dominio también puede tomar mucho tiempo si la persona involucrada se encuentra recluida en una cárcel fuera de Guatemala, dijo Villeda.
Por último, una vez las propiedades han sido confiscadas hay dificultades en cuanto a qué hacer con ellas. Muchas personas son escépticas acerca de la adquisición de una propiedad que ha estado vinculada a narcos o no cumplen con los requisitos para hacerlo. Las propiedades a menudo también se deterioran en el transcurso del largo proceso de confiscación.
Análisis de InSight Crime
Como señaló Villeda, las leyes de extinción de dominio pueden ser de gran utilidad para ayudar a los funcionarios a atacar a las estructuras criminales. También pueden servir para arrojar luz sobre la magnitud y el alcance de las operaciones criminales.
Sin embargo, muchos países latinoamericanos aún carecen de esta legislación, e incluso para los países que sí tienen leyes de incautación, éstas son una herramienta legal relativamente nueva que ha demostrado ser difícil de implementar. En México, sólo 29 juicios sobre extinción de dominio tuvieron lugar entre la implementación de la Ley Federal de Extinción de Dominio en 2009 y 2013. Honduras aprobó una ley similar en 2010 (pdf), pero todas las órdenes de transferencia de activos que fueron archivadas desde ese año aún estaban pendientes el año pasado. La ley de extinción de dominio de Colombia se remonta a 2002 (pdf), pero su eficacia se ha visto obstaculizada por procesos judiciales lentos.
Las fallas burocráticas son sólo uno de los desafíos. Otros desafíos son el posible uso indebido de la ley para atacar a opositores políticos, la corrupción profundamente arraigada en muchos de los sistemas judiciales de la región, y las tentaciones que rodean a estos artículos de lujo. Tras un gran escándalo, la Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia (DNE) -antigua responsable de la gestión de los bienes confiscados- está siendo liquidada después de que “desaparecieran” miles de millones de dólares en activos narco.
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