La policía y los representantes de los reclusos hacen decenas de miles de dólares al día producto de la extorsión en las cárceles de Bolivia, según el exdirector del régimen penitenciario del país; una situación que probablemente se mantendrá mientras haya corrupción oficial.
Hablando en una entrevista de televisión, Ramiro Llanos dijo que la extorsión estaba fuera de control, con los internos pagando cuotas de hasta US$1.000 para poder ingresar a ciertas secciones, informó La Razón.
Según Llanos, en la infame cárcel de Palmasola en Santa Cruz, sede de los disturbios que dejaron más de 30 muertos a principios de este año, presos y funcionarios por lo menos se hacen US$30.000 al día como producto de la extorsión.
Llanos también puso de relieve otras economías ilegales que proliferan en las cárceles de Bolivia, tales como la venta de drogas y alcohol, que dijo que se mueven libremente en las prisiones. Según Llanos, los estudios muestran que el consumo de cocaína se ubica en el 38 por ciento de la población carcelaria en el Altiplano -la región alrededor de La Paz- y el 95 por ciento en Santa Cruz.
Análisis de InSight Crime
A raíz de las muertes en Palmasola, que fueron ocasionadas por los presos de un bloque que atacaron a otro, el presidente boliviano Evo Morales declaró que "no hay presencia del Estado" en las cárceles del país.
Los grupos de presos conocidos como "delegados" están llenando ese vacío. Estos representantes, que a veces son elegidos, se supone que gestionan la logística e incluso abogan en nombre de otros reclusos.
Sin embargo, como dice Llanos, en muchos casos este sistema ha degenerado en la corrupción, con los delegados cobrando cuotas a los prisioneros por todo, desde el derecho a una celda, a recibir visitas, o para que se le permita salir para realizar comparecencias ante un tribunal.
Al igual que otros aspectos de las cárceles de Bolivia, la economía ilícita -especialmente el movimiento de drogas y contrabando también destacados por Llanos- es en parte el resultado de la falta de recursos para controlar con eficacia las cárceles, que son las segundas más superpobladas de la región, con el 233 por ciento por encima de la capacidad. Pero también está relacionada con la corrupción oficial, lo que sin duda facilita la práctica.
En los últimos años, el gobierno boliviano ha tomado medidas para mejorar las condiciones y Morales ha dicho que la reforma penitenciaria es ahora una de sus prioridades políticas. Sin embargo, a menos de que las reformas incluyan medidas contra la corrupción, seguramente continuarán los altos niveles de extorsión y contrabando.
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