Colombia ha extraditado al excapitán del ejército venezolano con nexos con la administración del presidente Nicolás Maduro para responder por acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, en una maniobra que puede haber dejado inquieto al gobierno venezolano por lo que Lamas pueda revelar a las autoridades estadounidenses.
El 24 de junio, Yazenky Lamas fue enviado a Estados Unidos en avión para comparecer en juicio por su presunto rol en la coordinación de más de 100 narcovuelos de Venezuela a Centroamérica y el Caribe, informó la revista Semana.
Los fiscales sostienen que Lamas tuvo un rol central en la organización de narcovuelos al conseguir códigos aéreos que permitían a los aviones hacerse pasar por vuelos comerciales, entre ellos un vuelo que transportó 1,6 toneladas de cocaína en 2015, desde la región fronteriza entre Venezuela y Colombia hasta Honduras, informó Semana.
Lamas, que era piloto personal de la primera dama de Venezuela Cilia Flores, según El Nuevo Herald, fue detenido en Colombia en junio del año pasado. Alegó que buscaba perros con pedigrí, pero los investigadores colombianos dijeron a Semana que creen que se encontraba en el país para hacer contacto con la poderosa mafia paramilitar conocida como los Urabeños.
Análisis de InSight Crime
Lamas es una figura con conexiones políticas que van hasta la cúpula misma del gobierno venezolano, y si decide convertirse en informante podría entregar información devastadora sobre el Cartel de los Soles, término usado para describir las redes de narcotráfico en el ejército de Venezuela.
Ya ha habido fuertes indicios de inquietud de parte de la administración de Maduro; el Nuevo Herald informó que a finales de 2016 enviados del gobierno se reunieron con sus homólogos colombianos para solicitar que no se extraditara al exmilitar a Estados Unidos.
Esas tácticas tuvieron éxito anteriormente; el caso más notable es el de Walid Makled, ahora convicto narcotraficante con conexiones en las altas esferas del gobierno, a quien en 2011 el gobierno colombiano extraditó a Venezuela y no a Estados Unidos.
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Sin embargo, el contexto político es muy diferente ahora. En 2011, Colombia tenía gran interés en mejorar sus relaciones con Venezuela —que en ese tiempo estaba polarizada políticamente y enfrentaba problemas económicos, en nada parecido al estado que se desmorona hoy. También se dice que Colombia tenía favores para pedir a cambio, como la extradición de guerrilleros colombianos y el pago de cientos de millones de dólares de deuda comercial.
A diferencia de entonces, el gobierno venezolano está hoy cada vez más aislado por sus brutales intentos de sofocar una ola de protestas políticas, y su incapacidad de resolver una crisis económica y la corrupción rampante. En este contexto, la presión sobre la presunta colusión del gobierno venezolano con el narcotráfico se ha acumulado progresivamente, con casos abiertos por las autoridades estadounidenses, como el de los "narcosobrinos", que involucra a los sobrinos de la primera dama, y la imposición de una serie de sanciones contra actores estatales, entre ellas la inclusión del vicepresidente Tareck El Aissami en su "Lista de capos".
Colombia por consiguiente tendría poco que ganar y mucho por perder si cooperara con un gobierno que no solo está acercándose a una condición de paria en el escenario internacional, pero —dependiendo de lo que Lamas diga a las autoridades estadounidenses— también podría estar a punto de quedar en evidencia como un estado criminal.
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