Un juez federal de México se ha pronunciado a favor de tres miembros de las autodefensas, acusados de portación de armas ilegales en los territorios en los que se estaban defendiendo, ante la incapacidad del Estado para hacerlo, lanzando un nuevo obstáculo legal en el camino de los intentos por desmantelar las milicias ilegales de las autodefensas.
En una entrevista con Noticias MVS, Leonel Rivero -el abogado de los tres miembros de las autodefensas de Aquila en el estado de Michoacán, al suroeste del país –dijo que el juez dictaminó que habían defendido su derecho a la vida, al portar armas destinadas para el uso exclusivo de las fuerzas armadas. Los acusados argumentaron que la incapacidad del Estado para proporcionar seguridad y combatir a los grupos criminales no les dejaron otra opción que quebrar la ley para defenderse.
Mientras los tres hombres siguen detenidos por cargos de secuestro, Rivero ha dicho que no hay posibilidad de que se reactiven los cargos por armas.
Los hombres eran los presuntos líderes del grupo de 40 milicianos capturados en agosto de 2013, 18 de los cuales han enfrentado cargos. Rivero acusó al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán Alfredo Castillo de interferir en los procedimientos judiciales en este caso, al enviar a abogados del estado para persuadir a los otros 15, a quienes se suponía que Rivero también iba a defender, informó Proceso.
Análisis de InSight Crime
Desde enero de este año, las autoridades mexicanas han estado trabajando para regular las actividades de las milicias de las autodefensas, que surgieron con el propósito declarado de proteger a las comunidades locales de las acciones de los grupos del crimen organizado, como los Caballeros Templarios. El proceso de legalización comenzó con la creación del marco jurídico para los miembros de las autodefensas y la posterior formación de la “Fuerza Rural Estatal“, conformada por miembros de las autodefensas, que trabajarían junto con las fuerzas de seguridad del gobierno.
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Como parte de este proceso, a todos los miembros de las autodefensas que no se unieron a la fuerza se les solicitó entregar sus armas. Las consecuencias de no obedecer se dejaron en claro a finales de junio, cuando el líder de las autodefensas José Manuel Mireles fue arrestado junto con docenas de miembros, después de tomar el control de la ciudad de Michoacán.
Sin embargo, el gobierno ha enfrentado una resistencia pública significativa por el desmantelamiento de los grupos de autodefensas no autorizados, y el presente caso demuestra que el gobierno también podría tener problemas para procesar a los miembros de las autodefensas desobedientes. Si el gobierno no logra sostener los casos legales en contra de los detenidos, es una señal de que tiene poco control sobre el movimiento y, por lo tanto, pone en riesgo el proceso de legalización.
El analista de seguridad Alejandro Hope dijo a InSight Crime que el caso representaba una “… derrota simbólica al gobierno federal”. Sin embargo, este no estableció un precedente legal para casos futuros -cinco sentencias consecutivas de la misma naturaleza tendrían que haber sido emitidas para que esto sucediera, dijo.
Si bien el presente caso podría ser apelado por la Procuraduría General de la República, es poco probable que esto suceda, dijo Hope, en parte porque el gobierno querrá evitar avivar aún más el fuego en un problema de alta tensión.