Según informes oficiales, cientos de familias han huido de sus viviendas subsidiadas por el gobierno, debido a la violencia de las pandillas en los últimos seis años, lo cual indica que el gobierno está perdiendo el control de los barrios en El Salvador.
Según El Diario de Hoy, entre 2010 y 2015, organismos de vivienda de interés social de El Salvador informaron que 751 familias abandonaron sus casas subsidiadas por el gobierno debido a amenazas de pandillas, extorsiones y altas tasas de homicidio. En algunos casos, las pandillas usan las casas abandonadas como centros de operaciones, y en otros casos saquean las viviendas para obtener ganancias.
Estos desalojos forzosos fueron más comunes en 20 de los 262 municipios de El Salvador; en un barrio del municipio de Colón, 184 familias huyeron entre 2010 y 2015.
Las familias obligadas a abandonar sus viviendas subsidiadas por el gobierno pueden presentar un informe a las autoridades para solicitar una vivienda nueva. Sin embargo, este es un proceso oneroso, y en muchos casos las alternativas ofrecidas por el gobierno se encuentran en otros vecindarios azotados por la delincuencia, según informó El Diario de Hoy.
Gráfico de El Diario de Hoy que muestra los lugares donde se les asignan nuevas viviendas públicas a las familias desplazadas
Análisis de InSight Crime
Los registros oficiales sobre los desplazados de las viviendas públicas se quedan cortos en comparación con otros cálculos del número de personas desplazadas en El Salvador. Según estadísticas recientes, 288.900 salvadoreños son desplazados internos, en gran parte debido a los altos niveles de violencia (en el año 2015, El Salvador llegó a tener la tasa de homicidios más alta del mundo: 104,2 por cada 100.000 habitantes).
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Cuando las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares, las consecuencias son trascendentales. No sólo quedan sin hogar, sino que además pierden lo que a menudo es su principal inversión, así como el acceso a escuelas, iglesias, clínicas de salud y apoyo de la comunidad. Además, el desplazamiento no se limita a las zonas urbanas más grandes de El Salvador.
El desplazamiento constante es un indicio del poco control que las fuerzas del Estado tienen sobre el territorio salvadoreño. En un caso incluido en el informe de El Diario de Hoy, en el municipio de Soyapango, una pandilla le dio a una familia veinticuatro horas para salir de su casa. La familia ni siquiera intentó denunciar el caso ante las autoridades, por miedo a sufrir represalias. Este tipo de historias es bastante común en El Salvador, donde el gobierno es incapaz de intervenir.
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