Tanto la guerrilla de las FARC como los campesinos cocaleros colombianos hicieron un llamado a la implementación de acuerdos relacionados con el cultivo de coca; sin embargo, hacerlo mientras el conflicto continúa podría resultar una tarea complicada.
En un comunicado reciente, negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hicieron un llamado al gobierno para implementar algunos de los aspectos clave de un acuerdo preliminar sobre el comercio de drogas.
Las FARC y el gobierno llegaron a dicho acuerdo en medio de las negociaciones de paz el año pasado, cuando la guerrilla acordó cortar sus vínculos con el comercio ilícito de drogas. El acuerdo también creó un marco para una estrategia que tiene como objetivo abordar el comercio ilícito de coca en Colombia a través de una combinación de programas de erradicación voluntaria y de una mayor inversión en las zonas rurales donde se cultiva.
En su declaración, las FARC argumentan que no existen obstáculos legales para comenzar con la implementación de estos planes y añaden que empezar a utilizar un nuevo enfoque de la política de drogas es una tarea particularmente urgente a la luz de los informes recientes que muestran un aumento en los cultivos de coca en Colombia.
Los campesinos productores hicieron eco a las declaraciones de la guerrilla recientemente, durante una cumbre realizada en el departamento de Putumayo, al sur del país, informó La Silla Vacía. Durante la cumbre también se hizo un llamado a la implementación de nuevos programas de erradicación y sustitución de cultivos, así los diálogos de paz aún no hayan concluido.
Los campesinos cocaleros pidieron implementar medidas adicionales que no han sido discutidas durante los diálogos de paz, como un programa de erradicación gradual que les permitiría seguir cultivando coca mientras cambian gradualmente a otros cultivos.
Las conversaciones de paz de Colombia parecen estar pasando por un momento difícil, amenazadas por una violencia creciente y por la caída del apoyo público. Sin embargo, el 8 de julio la guerrilla anunció el inicio de un nuevo cese el fuego unilateral, con la esperanza de que las conversaciones se sigan desarrollando normalmente.
Análisis de InSight Crime
Las FARC y los campesinos productores de coca aciertan en que existen pocos impedimentos legales para iniciar con la implementación de nuevos programas relacionados con los cultivos de coca, los cuales en el sentido estricto de la palabra no son tan “nuevos”, pues las propuestas parecen más versiones mejoradas de proyectos que ya están en funcionamiento que un enfoque radicalmente diferente.
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No obstante, si bien realizar pequeños proyectos piloto es posible, la implementación a gran escala de los acuerdos en materia de droga sería complicada bajo las condiciones actuales. Los cultivos de coca están ubicados en algunas de las zonas más afectadas por el conflicto del país y sin un cese el fuego indefinido de carácter bilateral, las volátiles condiciones de seguridad podrían amenazar el correcto funcionamiento de los proyectos.
Sin embargo, las unidades de las FARC que siguen financiándose mediante el cobro de “impuestos” y del comercio de coca muy probablemente serán renuentes a permitir una reducción de sus ingresos sin que primero existan garantías sobre su desmovilización.
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