Desde el 19 de julio, los ciudadanos de Uruguay pueden comprar marihuana legalmente en las farmacias, lo cual marca un importante hito en el proceso de establecimiento de un mercado legal de la droga y representa una experiencia valiosa para la región, a pesar de los obstáculos y de posibles deficiencias.
La fecha de inicio para las ventas de marihuana legal fue anunciada la semana pasada por la agencia gubernamental responsable de coordinar el proceso, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Las ventas se realizarán bajo supervisión del gobierno en 16 farmacias que ya han iniciado el proceso de registro.
Las ventas están prohibidas para quienes no sean ciudadanos del país, pero casi 5.000 uruguayos ya se han inscrito para poder comprar la droga a un precio regulado por el Estado, de cerca de 37 pesos uruguayos (alrededor de US$1,30) por gramo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) estimó en 2015 que el precio promedio de la marihuana en el mercado negro de Uruguay era de alrededor de US$1,7 dólares por gramo.
El producto puede adquirirse en paquetes de 5 gramos, y las personas no pueden comprar más de 40 gramos al mes.
El gobierno ha autorizado a las empresas privadas para cultivar dos variedades de la planta para la venta en las farmacias. La primera variedad, conocida como ALFA I, contiene una concentración de cerca de dos por ciento de tetrahidrocannabinol (THC) y siete por ciento de cannabidiol (CBD), dos de los principales químicos psicoactivos del cannabis. La segunda variedad, BETA I, contiene una concentración de dos por ciento de THC y seis por ciento de CBD.
Aunque las ventas en las farmacias se habían retrasado, el gobierno ya había legalizado el cultivo regulado de cannabis por parte de individuos, así como clubes privados en los que los miembros pueden comprar cantidades limitadas de la droga.
Análisis de InSight Crime
La implementación de un mercado de marihuana legal y regulado en Uruguay ha sido criticada por varios motivos, como el hecho de que dicha decisión no logrará acabar con el comercio criminal de marihuana. Este es uno de los principales objetivos que el Estado ha planteado con esta política, junto con el de intentar reducir los daños a la salud de los consumidores.
Algunos críticos han argumentado que el precio de la marihuana legal establecido por el Estado no es lo suficientemente bajo como para afectar el mercado negro, donde se puede conseguir más barata. Otros se han referido a la muy baja concentración de THC en la droga legal como otra de las razones por la que algunos consumidores podrán acudir al mercado negro. Aunque el precio puede ser mayor (un gramo de marihuana ilegal de alta potencia puede costar hasta US$20), algunos consumidores pueden estar dispuestos a pagar este valor con el fin de acceder a una droga de mayor potencia.
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Aún así, si no se logran dichos objetivos, el proceso sigue siendo un experimento valioso, como un intento por controlar la droga ilegal que más se consume en Latinoamérica y el mundo. El proceso ya ha pasado por más de tres años de debates, estudios y perfeccionamiento, y las lecciones aprendidas ayudarán sin duda a delinear las futuras conversaciones acerca de la legalización de la marihuana en países como Paraguay y Colombia, los principales productores de marihuana en la región, o Argentina y Brasil, que cuentan con mercados de consumo y en ocasiones han sufrido de la violencia relacionada con ésta.
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