Más de 30 por ciento de todas las armas pertenecientes a firmas de seguridad privadas en Rio de Janeiro terminan en manos de criminales, dicen las autoridades, destacando una fuente importante pero muchas veces descuidada de fuentes de armas de fuego para grupos criminales en Latinoamérica.
Un informe de la Policía Federal al que tuvo acceso el informativo Globo afirma que por lo menos 17.662 armas de fuego fueron desviadas o robadas de los inventarios de empresas de seguridad privada en el estado de Rio de Janeiro en los últimos 10 años. Esta cifra representa 30,2 por ciento del total de armas registradas por las 222 firmas de seguridad de Rio, según Globo.
Los criminales obtuvieron más de 900 armas entre 2011 y 2015 solo de empresas de seguridad con sede en la capital de Rio de Janeiro. El número de armas desviadas de las firmas de seguridad aumentó casi 100 por ciento en ese periodo de cinco años, de 128 en 2011 a 255 en 2015.
Un 95 por ciento de las firmas de seguridad del estado son manejadas por militares y policías activos o miembros retirados de las fuerzas armadas y la policía militar, afirman las autoridades.
La Policía Civil de Rio anunció el 22 de mayo la creación de una nueva fuerza de tarea para investigar el problema. Según la fiscalía del estado, la Policía Civil no ha abierto ni una investigación por las armas de seguridad privada que terminan en el mercado negro; todos los casos hasta la fecha han involucrado a las fuerzas de policía civil o militar que desvían armas a los criminales.
Análisis de InSight Crime
Los grupos criminales en Latinoamérica se abastecen de armas en varias formas. Aunque gran parte de la atención se centra en las redes de tráfico de armamento que vienen de Estados Unidos y en los depósitos militares domésticos, las firmas privadas de seguridad son otra fuente importante, si bien ignorada, de armas para el mercado negro. De hecho, el gran número de armas de la seguridad privada canalizadas a los alijos de armas de los grupos criminales de Rio apuntan a un problema sistémico que las autoridades ignorar en su mayor parte a lo largo de la última década.
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Las firmas de seguridad privada se están generalizando en toda Latinoamérica como respuesta al auge de la criminalidad y la sobrecarga de los cuerpos de policía. Analistas de seguridad han estimado que la región del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), donde pululan las pandillas en Centroamérica, emplea hasta 300.000 guardias de seguridad privada, y muchas de las firmas para las que trabajan no están siquiera registradas con el gobierno.
La saturación de guardas de seguridad privada en combinación con la laxitud de las regulaciones estatales hacen de estas empresas un blanco fijo para los criminales necesitados de armas. En El Salvador, donde el personal de seguridad privada supera en número a los agentes de la policía civil, se descubrió que más de 1.700 armas de la seguridad privada denunciadas como perdidas entre 2009 y 2011 habían sido vendidas en el mercado negro.