El Fiscal General de Honduras y su asistente han dimitido en medio de acusaciones sobre irregularidades financieras encontradas al interior de su oficina, llamando la atención sobre el alto nivel de corrupción e incompetencia, a medida que el país lucha para reducir el crimen.
Luis Alberto Rubí, el Fiscal General, y Roy Urtecho, el Fiscal General adjunto, anunciaron su renuncia ante el Congreso el 26 de junio, poco después de que un órgano del Congreso recomendara su destitución con base a irregularidades administrativas descubiertas durante una investigación al Ministerio Público.
Rubí y su equipo fueron suspendidos en abril por un período de 60 días luego de una votación en el Congreso. Fueron reemplazados temporalmente por un comité de supervisión de cinco miembros, encargados de evaluar el trabajo de la oficina y de reformar la institución. Las irregularidades que se hallaron, incluyen el aparente mal uso del dinero para gastos de viaje y salarios sospechosamente altos para ciertos empleados, informó El Heraldo. Además, la comisión acusó a los dos hombres de "mala administración" de la institución, afirmando que las investigaciones llevadas a cabo durante el tiempo en el que los dos hombres estuvieron en el cargo fueron "pobres y deficientes".
El comité de intervención dijo que estaban esperando un informe del Tribunal Superior de Cuentas, que estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre los resultados, informó La Prensa.
Análisis de InSight Crime
La renuncia de los dos asesores jurídicos más importantes del país es otro indicio del grado de ineficiencia y corrupción entre los más altos funcionarios del país. Un funcionario culpó al Ministerio Público en marzo por la falta de cooperación en el proceso de reforma de la policía de Honduras que se está llevando a cabo, y el propio Rubí admitió en abril que el Ministerio Público sólo es "capaz de investigar" el 20 por ciento de los homicidios que ocurren en Honduras. Mientras que el Fiscal General culpó a la falta de recursos por estas ineficiencias, estas últimas acusaciones indican que el uso indebido de los recursos es también un problema importante.
Los intentos de erradicar la corrupción y la reforma de las instituciones en Honduras en el último año llevaron a la investigación de ocho ex altos mandos de la policía por presuntos delitos financieros, así como el despido de cientos de policías que no pasaron las pruebas de confianza. No obstante, el proceso de reforma ha sido criticado por ser lento e ineficiente.
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