La Fiscal General de Guatemala ha solicitado revocar un mecanismo legal que protege a los funcionarios de ser enjuiciados, lo que significa el más reciente intento de acabar con la impunidad de los políticos y funcionarios corruptos.
La Fiscal General Thelma Aldana dijo que el “antejuicio […] no debería existir en Guatemala porque es un mecanismo que entorpece al Ministerio Público en su labor de investigación”, informó elPeriódico.
La “Ley de Antejuicio” de Guatemala (pdf) garantiza protección a los funcionarios del gobierno para que no sean detenidos o sometidos a un proceso judicial a menos que una corte apruebe primero una audiencia preliminar presidida por una comisión especial que determina si se debe levantar la inmunidad frente al enjuiciamiento.
Según elPeriódico, el proceso de la audiencia preliminar se demora en promedio 18 meses. Aldana señaló que la duración del proceso a menudo da como resultado la pérdida de pruebas e impide llevar a cabo una investigación más exhaustiva.
Aldana hablaba en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala del 8 de junio de aprobar el antejuicio contra tres representantes del Congreso implicados en contrataciones fraudulentas.
Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por Naciones Unidas, también ha expresado preocupaciones sobre el antejuicio y su contribución a la impunidad de los funcionarios guatemaltecos.
Análisis de InSight Crime
La intención de requerir un antejuicio consiste en proteger a los funcionarios de acusaciones falsas o motivadas políticamente que pudieran interferir con su trabajo. Sin embargo, al proteger a los políticos de los enjuiciamientos, el antejuicio ha contribuido a institucionalizar la impunidad de la clase política de Guatemala, incentivando comportamientos corruptos o criminales.
El antejuicio ha sido objeto de intenso escrutinio y críticas en Guatemala recientemente, y surgió como un punto de discusión clave durante la primera fase del Diálogo Nacional para la Reforma Judicial, que se llevó a cabo entre el 25 de abril y el 3 de junio. Durante esta fase (una serie de siete conferencias regionales para presentar propuestas de reformas constitucionales), surgieron llamados por la eliminación total del antejuicio. Sin embargo, hubo quienes sostuvieron que el antejuicio sólo se les debería retirar a los funcionarios de menor rango, como los alcaldes y los gobernadores, pero que se debería conservar para los directores de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial de Guatemala.
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Reformar la Ley de Antejuicio será difícil, ya que requiere que los legisladores guatemaltecos supriman protecciones legales de las que ellos mismos se benefician. Para superar este conflicto de intereses, la fiscal general Aldana podría estar buscando presionar a los políticos a actuar aprovechando el enojo popular por la corrupción en el gobierno —un factor clave en la caída del expresidente Otto Pérez Molina, quien se encuentra actualmente en prisión por supuestamente dirigir una red de fraude aduanero después de que una audiencia preliminar condujo al retiro de su inmunidad procesal—.
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