La Procuradora general de Panamá ha advertido que las élites políticas y económicas han amenazado a los fiscales anticorrupción, lo que refleja una tendencia observada en otros países de Latinoamérica con importantes investigaciones de corrupción en curso.
“Debo informar al país que hay poderes económicos, políticos, empresariales, mediáticos y de la banca tratando de impedir que las investigaciones puedan ser concluidas”, fue el señalamiento de la procuradora general Kenia Porcell en un impactante video publicado el 29 de ago.
La principal autoridad judicial del país alertó sobre “amenazas e intimidaciones” recibidas por los fiscales que trabajan en cinco de los casos de corrupción más “emblemáticos” en relación con blanqueo de capitales y malversación de dineros públicos.
Porcell describió la situación como un momento crucial para el país, y metafóricamente como una batalla entre “dinero versus justicia”.
Aunque Porcell no especificó a qué casos se refería, la procuradora general dijo que se habían descubierto redes de funcionarios corruptos que desviaban dineros públicos.
La intervención pública de Porcell llevó a la cámara de comercio y a representantes de la empresa privada a hacer público su respaldo a las investigaciones, mientras que Libertad Ciudadana, capítulo panameño del organismo de control anticorrupción Transparencia Internacional, exigió a la produradora general que revele los nombres y persiga a quienes interfieren con las investigaciones, según información de La Estrella.
Análisis de InSight Crime
Aunque se mantiene la incertidumbre sobre cuáles son los casos de corrupción expuestos al sabotaje, el diario panameño La Prensa afirmó que estos incluían esquemas como el escándalo de grandes proporciones en el que está implicado el conglomerado brasileño de la construcción Odebrecht y la adquisición presuntamente ilegal de radares a la firma italiana de defensa Finmeccanica. En total, en el país se investigan actualmente 20 casos de corrupción, según el más reciente informe de seguimiento de Libertad Ciudadana, publicado en julio de 2017.
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Panamá no es el único ejemplo en Latinoamérica donde élites con vínculos con la criminalidad tratan de desviar las acciones judiciales en su contra. Desde la decisión del gobierno brasileño de recortar el presupuesto para la monumental investigación “Operación Autolavado exprés” (Operação Lava Jato), pasando por la reciente decisión que tomó súbitamente el presidente guatemalteco de expulsar al jefe de un organismo anticorrupción avalado por las Naciones Unidas, hasta la desesperada estrategia de atrincheramiento del estado de Venezuela, profundamente criminalizado, Latinoamérica abunda en ejemplos de cómo figuras poderosas del gobierno con intereses oscuros pueden estar tratando de blindarse de la justicia.