Los fiscales de El Salvador dicen que las fuerzas armadas están obstruyendo una investigación a un exministro de defensa acusado de tráfico de armas, lo que complica aún más un caso ya muy politizado.
La Fiscalía General de la República acusó al ejército salvadoreño de retirar la etiqueta o viñeta de identificación de un fusil que había solicitado como evidencia como parte de una investigación al exministro de defensa José Atilio Benítez, según La Prensa Gráfica.
En junio, el fiscal general Douglas Meléndez acusó a Benítez de dirigir una red de tráfico de armamento mientras fungía como viceministro de defensa, de 2009 a 2011, y como ministro, de 2011 a 2013. Benítez, quien ahora sirve como embajador de El Salvador en Alemania, presuntamente falsificó documentos para permitir el registro de casi 30 armas a su nombre. Las armas supuestamente se vendieron a oficiales del ejército activos y en retiro.
La viñeta de identificación se colocó presuntamente en un arma diferente, usada por la guerrilla en la masacre de siete ciudadanos estadounidenses en 1985, y que eventualmente fue decomisada en 1999. El Ministerio Público también alega que el ejército omitió tres armas en un expediente enviado a los fiscales donde se relacionaba las armas de fuego registradas a nombre de Benítez, informó La Prensa Gráfica.
A finales de agosto, el diputado Blandino Nerio del partido de gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) acusó a la embajadora de Estados Unidos para El Salvador Jean Manes de "intromisión" en el caso de Benítez por instar a los legisladores a comenzar un antejuicio o audiencia preliminar.
Cuando se le preguntó si había solicitado reunirse con Manes, Nerio respondió, "No nos interesa. Los problemas de nuestro país son con los salvadoreños. Ella que se ocupe de sus cosas. Nosotros somos de este país y este país es soberano".
Análisis de InSight Crime
El caso Benítez alude a dos problemas polémicos en el sistema de justicia salvadoreño. El primero es la participación de altos oficiales del gobierno y el ejército en el tráfico de armamento, y la incapacidad de los fiscales de condenarlos. Ha habido numerosos ejemplos en los últimos años de oficiales activos y en retiro que desvían armas de las reservas del ejército, algunas de las cuales supuestamente terminan en manos de las violentas pandillas callejeras del país. Pero la impunidad judicial para estos agentes sigue siendo la norma, y las sentencias de cárcel, la excepción. La sospecha de obstrucción a la justicia en la investigación de Benítez demuestra cómo funciona el sistema para proteger a los presuntos perpetradores de delitos graves.
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La investigación de Benítez también evidencia el controvertido rol de la comunidad internacional en casos de alto perfil que involucran a las élites salvadoreñas. El gobierno de Estados Unidos ha instado a El Salvador para que adopte un organismo internacional contra la impunidad, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ha sido esencial en la investigación y condena de la corrupción de alto nivel en ese país. Esas propuestas han sido rechazadas de plano por el gobierno salvadoreño, y en lugar de eso anunció hace poco la creación de una nueva unidad contra la impunidad dentro de la Fiscalía General.
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