Fiscal de El Salvador acusa a la policía por ejecuciones extrajudiciales

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El fiscal general de El Salvador ha acusado a varios agentes de policía de participar en un publicitado caso de ejecuciones extrajudiciales, una señal de la intención de poner fin a las tácticas de mano dura contra las pandillas, que han sido asociadas a mayor violencia y abusos contra los derechos humanos.

El 8 de julio en una conferencia de prensa, el fiscal general Douglas Meléndez anunció que su despacho emitió órdenes de captura contra siete integrantes de la policía nacional por la matanza de ocho personas ocurrida el 26 de marzo de 2015 en la hacienda San Blas, en San José Villanueva.

Meléndez añadió que su despacho también tiene órdenes de captura para un total de 22 sospechosos, entre los que se cuentan agentes de policía y empresarios por hacer parte de una estructura criminal que cometía homicidios a sueldo.

“Yo lo dije hace unos días. No podemos permitir que nuestro país se convierta en el Viejo Oeste”, comentó Meléndez, en referencia a declaraciones anteriores, y añadió “este caso es una muestra de ello, donde tenemos indicios que hubo ejecuciones sumarias de parte de los imputados, en perjuicio de algunas personas que ni siquiera tenían antecedentes penales”.

La policía mantuvo su versión de que ocho miembros de una “estructura criminal” resultaron muertos en San Blas en un intercambio de disparos con agentes. El director de la Policía Nacional Civil Howard Cotto también ofreció una conferencia de prensa el 8 de julio, donde aseguró a los periodistas “tenemos total certeza de haber actuado en el marco de la ley”.

Sin embargo, una investigación publicada en 2015 por la agencia de noticias El Faro concluía “que los muertos eran ejecutados en forma sumaria y puestos para que pareciera que habían muerto en medio de un tiroteo”. Más recientemente, el inspector general para los derechos humanos en El Salvador llegó a conclusiones similares.

Análisis de InSight Crime

Las órdenes de captura, junto con las declaraciones de Meléndez, son una señal contundente de que el fiscal general trata de enviar un mensaje a la policía para que actúe en el marco de la ley en sus operativos contra las poderosas pandillas del país. Otros oficiales de gobierno han respaldado las tácticas agresivas de la policía. El vicepresidente Óscar Ortiz declaró el año pasado que los policías que se sientan amenazados deben usar fuerza contundente contra los pandilleros “sin temor a enfrentar consecuencias”.

La oficina de Meléndez formuló cargos contra agentes sospechosos de colaborar con las pandillas del país, incluyendo a alcaldes y figuras políticas relacionadas con una controvertida tregua en 2012, donde el gobierno sirvió de intermediario. Las denuncias en el caso de San Blas indican que su despacho no ignorará malas conductas de la policía.

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Queda por ver, sin embargo, si las medidas del fiscal general producen cambios en las políticas policiales. El gobierno salvadoreño parece decidido a mantener su estrategia de “mano dura” sobre las pandillas, pese a que la mayoría de los ciudadanos cree que las “medidas extraordinarias” han arrojado pocos resultados hasta la fecha.

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