Según el Congreso de Bolivia, actualmente hay unos 300 fiscales que se encuentran bajo investigación por la presunta comisión de un delito; una cifra que indica un alto grado de corrupción judicial en el país andino.
Esta cifra proviene de una resolución escrita dada a conocer por una senadora del partido conservador, emitida por primera vez en agosto y aprobada por el Senado el 30 de octubre, informó La Razón. La resolución pidió al fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, suspender a alrededor de 300 fiscales -casi el 60 por ciento de los fiscales del país- quienes tendrían acusación formal por delitos de corrupción u otros.
En agosto, Guerrero dijo que alrededor de 200 de los 508 fiscales de Bolivia estaban enfrentando una acción disciplinaria y que "otra cantidad", estaba siendo objeto de una investigación criminal. Dijo que unos 45 fiscales ya habían sido inhabilitados en 2014 -casi el doble de los 26 que fueron destituidos de sus cargos el año anterior.
El departamento de La Paz, hogar de la capital del país, cuenta con el mayor número de acciones disciplinarias pendientes contra los fiscales, seguido de Santa Cruz, una región turbulenta que es un foco del tráfico transnacional de drogas y el crimen organizado.
Análisis de InSight Crime
Como ha señalado el Departamento de Estado de Estados Unidos en su más reciente informe sobre el control de drogas, las acusaciones de corrupción son "frecuentes y a menudo no son abordadas por un poder judicial ya tenso" en Bolivia. El informe también observó que en 2013, la mayoría de los casos relacionados con la detención y la investigación de funcionarios corruptos no estaban relacionados con el tráfico de drogas. Ésta podría ser un área donde la Fiscalía General podría investigar más profundamente, dado que la corrupción judicial es una de una serie de condiciones en Bolivia que han puesto al país en riesgo de convertirse en un nuevo foco para el tráfico transnacional de drogas, como se detalla en una reciente investigación de InSight Crime.
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La erradicación de los fiscales corruptos no es el único desafío que enfrenta el sistema judicial de Bolivia. El país también debe lidiar con el hacinamiento y la violencia de la que sufren sus prisiones, las cuales son a duras penas controladas por las autoridades oficiales, como InSight Crime vio de primera mano durante una visita a la prisión más violenta de Bolivia, a principios de este año.
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