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Fiscales de El Salvador Revelan Detalles de Aplicación de la Ley Anti-Pandillas Durante la Tregua

BARRIO 18 / 31 MAY 2013 POR JAMES BARGENT ES

Fiscales en El Salvador han revelado que 180 personas fueron condenadas bajo la controversial ley antipandillas del país durante diez de los 13 meses que la tregua entre pandillas ha estado en vigor, resaltando un posible problema para el acuerdo de paz.

En respuesta a una petición de libertad de información por parte de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) sobre las condenas totales bajo la ley, que entró en vigor en septiembre de 2010, la Fiscalía General de la República sólo dio detalles de las condenas entre junio 2012 y abril 2013 , informó La Prensa Gráfica.

Los negociadores de la tregua entre las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que comenzó en marzo de 2012, han hecho llamados para la derogación de la ley como parte de las negociaciones.

La Ley de Proscripción de Pandillas duplicó la pena máxima de prisión para los menores de edad, declaró la ilegalidad de ser miembro de una pandilla y le otorga a las autoridades permiso para congelar las cuentas bancarias y embargar los bienes de los pandilleros.

Análisis de InSight Crime

Romeo Barahona, anterior Fiscal General salvadoreño, había dicho anteriormente que los fiscales no estaban aplicando la ley anti pandillas, ya que no se habían presentado pruebas suficientes para condenar a los pandilleros detenidos.

Su posición refleja la de los críticos de la ley, incluidos los negociadores de la tregua, el ex congresista Raúl Mijango y el obispo Fabio Colindres, que dicen que la policía ha utilizado la ley para reunir a pandilleros en arrestos masivos, pero que rara vez estos arrestos llegan a procesamientos o condenas.

Aunque es imposible comparar el número de condenas antes y después de la tregua, debido a las escasas estadísticas publicadas, las cifras disponibles plantean la posibilidad de que la ley se está aplicando ahora con más fuerza que antes de que comenzaran las negociaciones entre el gobierno y las pandillas.

Una posible razón para esto es el actual Fiscal General, Luis Martínez, quien se opone abiertamente a la tregua calificándola de "falsa e hipócrita."

Si este es el caso, entonces la ley tiene el potencial de ser un punto crítico en las futuras conversaciones, a medida que partidarios de la llamada tregua llaman por su derogación, mientras que los opositores la utilizan como una herramienta para incrementar la persecución a los pandilleros.

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