Fiscalía: Élites de Guatemala usaron sector salud para llenarse los bolsillos

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La fiscalía de Guatemala investiga un multimillonario esquema de corrupción al interior del Ministerio de Salud Pública del país. Es el caso más recientede saqueo de los sistemas de salud latinoamericanos por parte de funcionarios y élites empresariales para obtener beneficios personales.

Según un comunicado de prensa del 16 de julio, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), adscrita al Ministerio Público, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por Naciones Unidas, se encuentran investigando a más de 50 personas —incluidos funcionarios del gobierno— por presuntamente participar en el esquema, mediante el cual obtuvieron millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2014.

Entre los acusados se encuentra Jorge Villavicencio Álvarez, quien por esa época se desempeñaba como ministro de Salud del país. Los fiscales afirman que él ideó el esquema, mediante el cual los miembros presuntamente recibieron pagos de empresas contratadas para construir hospitales nuevos y reconstruir los que resultaron afectados por el terremoto de 2012 en la costa Pacífica del país, que destruyó hospitales y otra infraestructura del país.

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Los fiscales dicen que los sobornos por las reparaciones ascendieron a por lo menos 17 millones de quetzales (cerca de US$2,2 millones), mientras que los recibidos como parte de la construcción de nuevos hospitales ascendieron a 36 millones de quetzales (alrededor de US$4,7 millones).

La red además compró equipos médicos innecesarios a cambio de sobornos y repartió 450 puestos de trabajo como “favores políticos”. Sin embargo, alrededor de 100 de estos trabajos eran puestos “fantasma”. Según las autoridades, los funcionarios recibían su salario sin realizar ningún trabajo.

Como ministro de Salud, Villavicencio Álvarez supuestamente ideó el plan con su hija, Cándida Saraí Villavicencio Delgado, y lo mantuvo con el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez. Ninguno de los tres ha sido arrestado.

Sin embargo, las autoridades han detenido a 19 personas, han emitido 29 órdenes de captura y han ordenado a otras 84 personas que comparezcan ante la justicia.

“Lo que para los guatemaltecos significó tragedia y pérdidas, como el terremoto de noviembre de 2012, para la estructura criminal significó una oportunidad para negocios ilícitos”, se lee en el comunicado de prensa.

Análisis de InSight Crime

Los sistemas de salud latinoamericanos han sido usados con frecuencia por algunos de los funcionarios públicos más corruptos de la región, los cuales se enriquecen de manera ilícita a sí mismos y a sus socios, a la vez que ponen en riesgo a los ciudadanos.

En Honduras, las autoridades descubrieron un gran escándalo de corrupción dentro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que causó que a los ciudadanos se les entregaran medicinas vencidas y tratamientos inadecuados.

Las autoridades comenzaron a investigar el instituto en 2013 y descubrieron un intrincado esquema compuesto por 10 empresas fantasma que supuestamente malversaron unos US$330 millones. En 2015, el presidente Juan Orlando Hernández admitió que las empresas relacionadas con la “corrupción institucionalizada” dentro del IHSS contribuyeron US$150,000 para su exitosa campaña presidencial de 2013.

Hay quienes creen que una cantidad mayor fue canalizada al Partido Nacional y utilizada en parte para la carrera electoral de Hernández en 2013. El exdirector del IHSS, Mario Zelaya, el cerebro del esquema de corrupción, fue condenado a más de 50 años de prisión. El escándalo también implicó a otros miembros de las élites.

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En México, funcionarios corruptos del nivel estatal también se han enriquecido mediante el sistema de salud del país.

El desacreditado exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, estuvo al frente de un corrupto sistema de salud pública que supuestamente “utilizaba medicamentos falsos para tratar a niños con cáncer y a sabiendas compró” unas 70.000 pruebas de VIH falsificadas.

“En todas ellas daban negativo y se pudo detectar a tiempo y nunca llegó a la población, pero se gastaron ocho millones de pesos (cerca de US$420,000) en comprar estas pruebas a sabiendas de que eran falsas”, dijo en 2017 Antonio Nemi, quien fue secretario de salud de Duarte entre marzo de 2013 y octubre de 2014, en declaraciones a El País.

Después de seis meses prófugo, Duarte, quien transformó a Veracruz en un “estado del terror”, fue arrestado en abril de 2017 por numerosos cargos relacionados con crimen organizado, corrupción y malversación de fondos públicos.

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