Los frustrados intentos de las autoridades salvadoreñas por contener los flujos de efectivo en las cárceles son un indicio del poder de las economías en las prisiones de El Salvador y reflejan las preocupaciones con respecto al control gubernamental de las prisiones en toda la región.
En 18 de diciembre de 2015, las autoridades salvadoreñas publicaron un tuit en el que anunciaban que habían implementado un nuevo sistema que eliminaba el dinero en efectivo en todas las cárceles de El Salvador.
Según La Prensa Gráfica, mediante el sistema de “Cero Dinero” a cada interno se le asigna una cuenta débito en la que sus familiares le pueden depositar dinero. Los presos sólo pueden tener US$100 en sus cuentas a la vez, y se lleva un cuidadoso registro de quién deposita los dineros.
Según El Diario de Hoy, entre febrero de 2015 y mediados de enero de 2016, se transfirieron US$9 millones a través del sistema de Cero Dinero. Los presos utilizaron sus cuentas para hacer compras por más de US$7 millones en alimentos y artículos de cuidado personal en las tiendas de las cárceles, y gastaron más de US$1 millón en llamadas telefónicas desde las prisiones.
Sin embargo, el nuevo sistema no ha logrado detener el flujo de dinero y mercancías ilícitas en las prisiones. En un registro a las prisiones a finales de enero de 2016, las autoridades incautaron US$11.000 en efectivo, además de 300 teléfonos celulares y 700 tarjetas sim.
Análisis de InSight Crime
El plan Cero Dinero es la más reciente de las medidas que las autoridades salvadoreñas han implementado para frenar las economías ilegales que abundan dentro de las prisiones —incluida la venta de teléfonos celulares, tarjetas sim y drogas—. La medida también busca detener las redes de extorsión dirigidas mediante teléfonos celulares desde las cárceles salvadoreñas. En 2013, las autoridades instalaron teléfonos que podían ser monitoreados en las prisiones, y a partir de 2015 los reclusos utilizaron el sistema de Cero Dinero para pagar sus llamadas.
En otras ocasiones, El Salvador ha intentado limitar el número de visitantes a los presos, separar a los miembros de las pandillas y bloquear el servicio de telefonía celular en las prisiones. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos ha logrado detener las economías criminales dirigidas desde las cárceles.
¿Por qué ha sido una tarea tan difícil? Tal vez la respuesta tiene que ver con los fenómenos registrados en Guatemala y México. Según Animal Político, el 88 por ciento de las cárceles estatales mexicanas no separan los presos que han sido declarados culpables de aquellos que sólo han sido acusados. Y en Guatemala, Prensa Libre informa que 3.000 prisioneros guatemaltecos han cumplido sus condenas pero no han sido liberados.
Si bien el gobierno salvadoreño ha implementado políticas para limitar ciertos elementos de las economías criminales, no ha abordado otros problemas mayores relacionados con la falta de control gubernamental en las cárceles. Las cárceles de Latinoamérica están entre las más superpobladas y peligrosas del mundo, y las de El Salvador están particularmente saturadas, con un 325 por ciento de ocupación.
El hacinamiento y la falta de inversión del Estado básicamente les han permitido a los internos controlar las cárceles y construir economías que son importantes para los grupos criminales dentro y fuera de las cárceles.
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