Fuerzas de Seguridad de México Enfrentan Mayor Escrutinio Luego de Acusaciones por Abusos

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Las acusaciones presentadas contra funcionarios judiciales y de seguridad de México, por 21 ejecuciones extrajudiciales y 20 desapariciones forzadas en los primeros cinco meses de 2013, con el ejército encabezando la lista de los homicidios, revelan una continuidad en las preocupantes tendencias de derechos humanos y plantea la cuestión de cómo va a responder el nuevo el gobierno.

El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los derechos humanos, creado por la Comisión Nacional de derechos humanos de México (CNDH), ha compilado una lista de denuncias de derechos humanos presentadas contra diversos organismos oficiales –principalmente las fuerzas de seguridad– entre enero y mayo de este año.

Según la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual administra el ejército, fue acusada de haber participado en 13 ejecuciones extrajudiciales; tres acusaciones fueron contra la Policía Nacional, dos en contra de la Armada y varias otras en contra de un puñado de funcionarios.

En lo que se refiere a las desapariciones forzadas, ocho denuncias implican a la Armada, mientras que se presentaron siete quejas contra la SEDENA, seis en contra de la policía, y dos en contra de la Procuraduría General de la República (es posible que más de una entidad pueda estar acusada de un mismo crimen).

Adicionalmente, se presentaron ocho denuncias de torturas, seis de ellas en contra de la policía, y 488 denuncias por maltrato, siendo 192 de éstas en contra de la SEDENA.

Análisis de InSight Crime

Las acusaciones de abusos por parte de las fuerzas de seguridad de México son preocupantes pero no sorprendentes. Según un informe de febrero de Human Rights Watch (HRW), 249 desapariciones forzadas ocurrieron durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón, y en 149 de estos casos, no hubo evidencia de la participación de las fuerzas de seguridad.

Según otro informe de HRW, la CNDH recibió 7.350 denuncias de abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas entre enero de 2007 y noviembre de 2012. Human Rights Watch también documentó 20 casos de desapariciones “forzadas” presuntamente perpetradas por la Armada entre junio y julio de 2011.

InSight Crime también señaló en 2011 que el número de “agresores” asesinados en “combate” por el ejército, fue extrañamente alto en comparación con el número de soldados muertos.

Las acusaciones indican que esta tendencia ha continuado en el primer semestre del primer año del Presidente Enrique Peña Nieto en el cargo, planteando interrogantes sobre la forma en que su administración se ocupará de la situación de los derechos humanos del país.

Peña Nieto depende fuertemente del ejército para su estrategia de seguridad. También depende de una campaña de relaciones públicas cuidadosamente elaborada para tratar de conseguir que la gente se olvide de la lucha frontal del Estado contra el crimen organizado. Estos factores hacen que sea poco probable que él vaya a ejercer presión para que se de una investigación más profunda en estos casos.

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