Un nuevo informe documenta un incremento en las misiones especiales de entrenamiento de fuerzas de operaciones especiales estadounidenses en Latinoamérica, en medio de los actuales problemas de actividad criminal y abusos contra los derechos humanos por parte de efectivos de seguridad en la región.
Según documentos obtenidos por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) bajo la ley de Libertad de la Información, entre 2007 y 2014 el número de misiones de adiestramiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales Estadounidenses —conocidas como Entrenamientos de Intercambios Conjuntos Combinados (JCET, por sus siglas en inglés)— se triplicaron en Latinoamérica de 12 a 36.
En ese periodo de ocho años, casi 4.000 agentes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos entrenaron a cerca de 13.000 agentes de seguridad latinoamericanos a un costo de US$73 millones, según los hallazgos de la WOLA.
El propósito declarado de los entrenamientos de JCET es que las fuerzas estadounidenses mantengan y practiquen nuevas destrezas técnicas y de combate, como la lucha urbana o el control de disturbios, a la vez que enseñan tácticas militares a sus contrapartes latinoamericanas. Sin embargo, la WOLA señala que los documentos también hacen explícito un propósito alternativo de esas misiones de adiestramiento: "lograr acceso regional con presencia mínima” y “reforzar la influencia estadounidense en los países anfitriones".
La WOLA observa que el incremento de las misiones de JCET en Latinoamérica se dio en forma paralela a la reducción de ayuda militar y de policía estadounidense para la región con la reducción de grandes programas de ayuda como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida.
La WOLA sitúa el origen de las misiones de adiestramiento de las Fuerzas Especiales en el contexto de una tendencia más amplia de incremento de destacamentos de ese tipo de escuadrones en todo el mundo luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Además, el descenso más reciente de las operaciones de combate estadounidenses en Irak y Afganistán ha hecho que se despliegue el personal adicional a otras regiones.
En Latinoamérica, los documentos obtenidos por la WOLA mostraron un cambio de objetivo de los JCET desde 2008, de Centro a Sur América. Según los documentos, esto se debió a que Centroamérica "se vio más plagada de violencia y tráfico ilícito".
De todos los países latinoamericanos, Honduras tuvo el mayor número de destacamentos de JCET entre 2007 y 2014, con 21 misiones. El Salvador y Colombia tuvieron el segundo mayor número de JCET, con 19 cada uno.
La WOLA expresó su preocupación por una serie de presuntas violaciones a los derechos humanos —como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y extorsión— por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y El Salvador entre 2011 y 2014, donde hubo la mayoría de misiones de JCET en Latinoamérica.
Además, la WOLA halló mínima transparencia en relación con las Fuerzas Estadounidenses de Operaciones Especiales en la región. En particular, la organización declaró que los destacamentos "carecen de salvaguardas efectivas" para garantizar que las unidades extranjeras adiestradas por Estados Unidos "no maten, torturen ni abusen de su gente", y no se corrompan o trabajen para el crimen organizado.
Análisis de InSight Crime
Durante la última década, la militarización de la seguridad interna se ha vuelto práctica común para los países latinoamericanos que luchan contra la actividad criminal, en particular en México y Centroamérica. Esto ha sido en gran medida una respuesta a la incapacidad de cuerpos de policía débiles y muchas veces corruptos para contener el deterioro de la seguridad y los elevados índices de violencia. Más aún, los ciudadanos latinoamericanos por lo general confían más en el ejército que en la policía, pues creen que las fuerzas armadas son más eficientes y efectivas para restablecer el orden.
Sin embargo, la militarización de la seguridad ciudadana en Latinoamérica ha despertado inquietud por los abusos y el uso excesivo de fuerza que aplican las unidades entrenadas para el combate y no en tácticas policiales. Por ejemplo, en México se han presentado varios casos de soldados implicados en violaciones a los derechos humanos contra civiles —entre los que se destaca la masacre de Tlatlaya en 2014, cuando 22 personas fueron asesinadas presuntamente por soldados. El Salvador también ha registrado en 2016 un aumento de matanzas de sospechosos de pertenecer a pandillas, por parte de agentes de seguridad, luego del despliegue de unidades conjuntas de ejército y policía.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Políticas de Seguridad
Estas dinámicas legitiman el pedido de la WOLA de mayor transparencia y supervisión a la participación en aumento de las Fuerzas Estadounidenses de Operaciones Especiales en el hemisferio. Como se mencionó en el informe, esto tiene relevancia no solo por las consideraciones éticas y morales, que piden garantías de que las fuerzas entrenadas por Estados Unidos no estén cometiendo abusos, sino también para el problema más práctico de proteger contra el entrenamiento de unidades corruptibles que puedan usar su conocimiento y destrezas al servicio de organizaciones criminales. De hecho, eso fue lo que ocurrió por lo menos en un episodio que causó revuelo; los miembros originales de la hiperviolenta organización criminal de Los Zetas fueron cuerpos especiales mexicanos entrenados por Estados Unidos, cuyas habilidades avanzadas resultaron fácilmente adaptables a la esfera criminal.
SUSCRIBIRME