Fuerzas de seguridad de El Salvador responsables del 90% de denuncias de abuso: funcionario

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El procurador para la defensa de los derechos humanos de El Salvador, al presentar su balance sobre abusos presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, informó sobre un aumento en las infracciones de la policía a la par que pareciera restar importancia a sus acciones.

El 9 de diciembre, David Morales, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos General (PDDH) de El Salvador, anunció que entre junio de 2014 y mayo de 2015, la Procuraduría recibió 2.202 quejas por violaciones a los derechos humanos. De ellas, el 92 por ciento denunciaban a la Policía Nacional Civil (PNC), al ejército y a otros organismos de gobierno encargados de combatir el crimen, informó EFE. Tan sólo las denuncias contra la PNC representaron el 63 por ciento de todas las quejas, mientras que las del ejército ascendían a 11 por ciento.

La mayor parte de las denuncias corresponden a malos tratos, intimidación y allanamientos y arrestos arbitrarios. Sin embargo, Morales observó que algunas violaciones eran mucho más graves.

“Hemos tenido casos de muertes arbitrarias, situaciones que podrían rayar en la tortura y estamos indagando posibles ejecuciones en el escenario de enfrentamiento armados entre policías y supuestos delincuentes”, indicó Morales, y añadió que se están evaluando siete casos, por la posibilidad de que se haya tratado de ejecuciones extrajudiciales.

Morales solicitó al gobierno salvadoreño tener “mano firme” en la aplicación de control interno y disciplinario de la policía y el ejército, y pidió a la Fiscalía que actúe contra los abusos.

Sin embargo, Morales no rechazó el endurecimiento de las medidas tomadas por el gobierno contra las pandillas, argumentando que “la delincuencia escaló la violencia”, lo cual habría causado el incremento del número de homicidios y ataques contra las fuerzas de seguridad.

“La respuesta [del gobierno] debe ser más grande y contundente, es una obligación y un uso legítimo de la persecución que el Estado puede y debe hacer en el marco de la ley”, concluyó Morales.

Análisis de InSight Crime

Tan preocupante como el aumento en las denuncias de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad puede ser lo que da lugar a interpretarse como una aceptación tácita de dichos abusos por parte del defensor de los derechos humanos en el país. La afirmación de Morales en el sentido de que la respuesta del gobierno a la violencia de las pandillas debe ser “más contundente” apunta a una cultura de impunidad y a una mentalidad de “el fin justifica los medios” en las filas de la policía.

Esa mentalidad se ha visto reforzado con una retórica antipandillas cada vez más brutal por parte de los agentes de policía de alto rango. A comienzos de este año, el director de la PNC instó a sus agentes a usar sus armas contra los criminales con “en legítima defensa”. El director de asuntos  internos de la policía Ricardo Salvador Martínez llegó a insinuar que el asesinato de pandilleros por parte de agentes de policía en “legítima defensa”, ayudaría a pacificar el país.

Esta notoria falta de voluntad del gobierno para investigar los abusos contra los derechos humanos es especialmente preocupante por los recientes informes de masacres de presuntos criminales a manos de agentes de la policía y de escuadrones de la muerte con uniformes de la policía.

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Aunque Morales hace lo correcto al llamar la atención sobre los abusos cometidos por la policía y la falta de control oficial, también parece justificar tales acciones en cierta medida. Sin embargo, su justificación de los excesos de la policía podría también estar promoviendo acciones abusivas de mano dura que parece estar condenando.

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