Las autoridades colombianas capturaron a una alta funcionaria judicial por intentar ingresar al país de manera ilegal al menos US$1 millón en dinero producto del narcotráfico, lo cual ha puesto de relieve la lucha que enfrenta actualmente Colombia para erradicar la corrupción del sistema judicial.
Carmen Sofía Carreño, secretaria privada de una de las más altas autoridades judiciales de Colombia, fue arrestada el 30 de julio junto con otros cinco sospechosos en el aeropuerto internacional de Bogotá con US$1 millón en sus maletas. La Fiscalía General de Colombia estableció recientemente que el dinero pertenece a una red narcotraficante que enviaba drogas a México y Estados Unidos, informó Noticias RCN.
Aunque Noticias RCN no identificó a la organización de narcotráfico, las autoridades sospechan que Carreño trabajaba para una red criminal de República Dominicana que fue desmantelada recientemente. Según funcionarios colombianos, desde marzo de este año Carreño realizó cinco viajes a República Dominicana y se cree que ingresó al país de manera ilegal cerca de US$6 millones en ganancias de drogas.
Carreño y los demás sospechosos están en detención preventiva y a la espera de un juicio.
El jefe de Carreño —el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), división de la Fiscalía General encargada de realizar investigaciones criminales y de supervisar la policía judicial— afirmó que el trabajo de la mujer consistía en realizar llamadas y responder correspondencia.
Análisis de InSight Crime
Aunque Carreño aún no ha sido condenada por ningún crimen, su caso ilustra el grado de corrupción que sigue presente en el sistema judicial de Colombia. El hecho de que Carreño estuviese potencialmente involucrada en el contrabando de millones de dólares producto del narcotráfico, sin que nadie lo notara, da muestra del grado en que las redes criminales han penetrado al CTI y la Fiscalía General.
El escándalo del CTI también es preocupante porque esta unidad tiene la tarea de investigar a los grupos de crimen organizado, y es rutina que los narcotraficantes busquen corromper instituciones estatales para facilitar sus operaciones criminales. Casi 600 servidores públicos han sido arrestados en los últimos 18 meses por presuntos nexos con Los Urabeños, la organización de tráfico de drogas más grande de Colombia. Este alto grado de corrupción oficial ayudaría a explicar por qué el mayor jefe criminal del grupo, Darío Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, aún no ha sido capturado, pese a una masiva persecución en su contra.
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La evidencia de corrupción en el sistema judicial de Colombia va más allá de este último escándalo en el CTI. En marzo se descubrió que el expresidente de la Corte Constitucional de Colombia habría pedido una serie de favores a otro juez presuntamente vinculado a Los Urabeños. En 2013, las autoridades desmantelaron un “cartel de jueces” que presuntamente otorgaba penas indulgentes a criminales a cambio de sobornos.
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