Altos funcionarios de seguridad de Brasil y México están cuestionando las estrategias tradicionales para combatir el crimen organizado, pero es probable que estas inquietudes no se traduzcan en cambios verdaderos.
Mediante directas declaraciones públicas pronunciadas recientemente en Brasil y México, los funcionarios parecen estar cuestionando la manera como se distribuyen los recursos, se invierte el dinero y se implementan las estrategias de seguridad.
En una conferencia de prensa del 31 de enero, el ministro de Defensa de Brasil, Raul Jungmann, se refirió al deteriorado estado de la seguridad en su país, según informó Estadão.
"El sistema actual está obsoleto, y lo que estamos experimentando hoy es el resultado no sólo de los problemas financieros, sino también del diseño del sistema como tal", dijo Jungmann.
Igualmente, en una entrevista con El Universal, publicada el 1 de febrero, el director de la Policía Federal de México, Manelich Castilla Craviotto, también criticó la estrategia anterior de su país en la lucha contra el crimen, durante el lanzamiento de una nueva estrategia orientada a restablecer el orden.
"Desde hace mucho tiempo nuestro trabajo se ha enfocado en generar condiciones de seguridad en las zonas donde se da la violencia", dijo Castilla Craviotto. "Debemos pasar de un enfoque que combatía estructuras criminales y que se centró muchas veces en las personas, y no en el establecimiento pleno de condiciones en el lugar donde operaban".
Los dos funcionarios de Brasil y México se han esforzado por combatir la creciente inseguridad en sus respectivos países. El presidente de Brasil, Michel Temer, declaró recientemente que la situación de seguridad en su país constituía una "emergencia nacional"; por su lado, México registró en 2017 el año con más homicidios en su historia reciente.
Análisis de InSight Crime
Los recientes comentarios de los altos funcionarios sobre las actuales estrategias de seguridad en Brasil y México indican que las autoridades reconocen las deficiencias de sus esfuerzos por combatir el crimen organizado y la violencia. Pero no está claro si este reconocimiento conducirá a una estrategia diferente o si se regresará a las políticas de seguridad de línea dura.
La estrategia de seguridad de Brasil ha hecho énfasis en la utilización de tropas fuertemente armadas para controlar el orden público, lo que ha generado protestas por violaciones a los derechos humanos, y a veces incluso ha agravado el problema de la criminalidad. El Gobierno federal suele desplegar las fuerzas armadas para apoyar la labor de las policías locales, pero los resultados demuestran que esto aporta poco en la lucha contra la criminalidad o en el mejoramiento de la situación de seguridad a largo plazo.
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En México, los funcionarios han recurrido en vano a la militarización durante más de una década. Sin embargo, recientemente las organizaciones de la sociedad civil y los legisladores de la oposición han rechazado el incremento de la militarización, específicamente en lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Interior, aprobada en diciembre de 2017, que efectivamente reglamentó el papel de las fuerzas armadas para intervenir en cuestiones de seguridad interna. También ha habido propuestas para concederles amnistía a los líderes de los carteles de la droga de México, como una estrategia alternativa para mejorar la seguridad.
Sin embargo, los funcionarios mexicanos comenzaron 2018 desplegando aún más tropas en varios puntos de alta criminalidad en todo el país, lo que indica que es probable que se continúe la estrategia de mano dura en la lucha contra el crimen, a pesar de los llamados para que se adopten medidas más holísticas.
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