Funcionarios del organismo gubernamental encargado de la protección de las selvas de Bolivia falsificaron datos y emitieron documentos que legitimaban la explotación ilegal de madera, un esquema que se presenta en todo Suramérica.
A René Noel Sivila Céspedes se le acusa de firmar más de 2.096 documentos mediante los cuales se autorizó la deforestación de zonas protegidas durante su ejercicio como jefe de la Unidad Operativa de Bosque y Tierra, entre 2015 y 2018, reveló Pagina Siete.
La unidad dirigida por Céspedes cuidaba una reserva de unas 80.000 hectáreas en San Ignacio de Velasco, ubicada en el departamento de Santa Cruz, cerca de la frontera de Bolivia con Brasil. La tala ilegal ocurrió en casi una cuarta parte de la reserva, compuesta de ciénagas y selva amazónica, como informó Los Tiempos.
Según las autoridades, un traficante llenó 396 camiones con madera ilegal, usando certificados y estampillas de aprobación falsos, que obtuvo de funcionarios de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), según Página Siete.
Posteriormente se alteraron los registros, inflando artificialmente el número de árboles en la zona para ocultar la destrucción de la selva. Los funcionarios involucrados cobraban US$300 por certificado, y también ayudaron a los traficantes a evitar inspecciones y puntos de control.
VEA TAMBIÉN: Desmantelan en Bolivia red de chinos que traficaba partes de animales exóticos
En un informe de la ABT en 2018 se revela que el ente había autorizado la tala de dos tipos de árboles protegidos muy por encima de las cantidades permitidas por la ley.
En los primeros seis meses de este año, la ABT confiscó más 6.020 metros cúbicos (0,6 hectáreas) de madera ilegal, según La Prensa. Esta madera ilegal se avalúa en más de US$550.000
Análisis de InSight Crime
El hurto a una reserva en Bolivia bajo el pretexto de una extracción maderera legítima es un ejemplo más de cómo funcionarios forestales muchas veces tienen la llave de esta economía criminal.
En este caso, los residentes sabían de la tala ilegal y la denunciaron a las autoridades. Aun así Céspedes se mantuvo en su cargo y solo se le retuvo 20 por ciento de su salario, según conoció Página Siete.
Un castigo tan indulgente es muy común en este tipo de delitos, aun con las monumentales ganancias que obtienen los taladores con la exportación de madera ilegal.
Los traficantes de madera de otros países han empleado métodos similares.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Bolivia
En Perú, una red de funcionarios corruptos en las direcciones forestales regionales facilita el tráfico de madera ilegal. Los documentos se clonan para legalizar la madera extraída ilegalmente.
Se estima que 80 por ciento de la madera beneficiada en Perú y Bolivia es ilegal, según un informe de 2016 presentado por la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal. El informe también halló que el problema es endémico en Ecuador, donde 70 por ciento de la producción de madera es ilegal.
Otros países de Suramérica también tienen problemas para combatir el tráfico. En Brasil, se cree que casi la mitad de la madera comercializada es ilegal, y en Colombia 42 por ciento de la madera procede de fuentes ilícitas, señaló el informe.
SUSCRIBIRME