Funcionarios locales en México han sido acusados de enterrar cerca de 150 cuerpos en fosas comunes, lo que levanta sospechas sobre la posible ayuda que le pueden estar proporcionado empleados del gobierno a criminales para encubrir evidencias sobre asesinatos selectivos.
La procuraduría del estado de Morelos en el centro de México comenzó a investigar a funcionarios y exfuncionarios por la inhumación ilegal de más de 150 cuerpos que habían estado en las morgues estatales, informó Milenio. A la mayoría de los cuerpos les hace falta el papel con el número de expediente que se usa comúnmente para identificarlos, informó AP.
Las irregularidades fueron descubiertas luego de una investigación realizada por los familiares de Oliver Wenceslsao. Cuando Wenseslao fue secuestrado y asesinado en 2013, los procuradores del estado no devolvieron el cuerpo a la familia y demandaron tiempo para otros exámenes. Un año y medio después, se le informó a la familia que el cuerpo había sido enterrado en una fosa común, de la cual fue posteriormente exhumado.
Según a la investigación, los cuerpos se tomaban en forma clandestina, se envolvían en plástico, se apilaban y se enterraban.
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Mientras tanto, un comité conformado por familiares, que se conoce como "Los Otros Desaparecidos" reanudaron su búsqueda de los cuerpos en varios lugares cercanos al municipio de Iguala, Guerrero, según informes de El Sur. Recientemente, este grupo descubrió el cuerpo número 105 desde noviembre de 2014.
Análisis de InSight Crime
El caso de Morelos puede no ser tan macabro como parece.
"¿Trabajo del crimen organizado?, no necesariamente. Más una demostración de la profunda incompetencia de los organismos judiciales del estado y de las otras autoridades", fue lo que escribió el analista del crimen y editor de la informativa sección sobre crimen en El Daily Post, Alejando Hope, en su misiva diaria.
Pero aunque el caso de Morelos no apunta de manera explícita a la infiltración de grupos criminales entre las autoridades locales, dados los antecedentes de México, surge la pregunta de si esto es algo más que un caso de una mala conducta gubernamental. Las autoridades de Morelos han sido acusadas en el pasado de proteger o incluso proveer armas de fuego a criminales.
Y aunque en otros países con conflictos pandilleros como El Salvador y Honduras , las fosas comunes por lo general se atribuyen a actores criminales , México ha estado bajo la lupa por la posible implicación de sus fuerzas de seguridad —y ahora autoridades judiciales— en cementerios clandestinos.
En el notorio caso de Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes desaparecieron a finales del año pasado, la versión gubernamental de los hechos señaló que la policía local entregó las víctimas a la banda criminal de los Guerreros Unidos. La búsqueda de al menos 41 de los 43 estudiantes continúa cerca del lugar donde se los vio por última vez, pero, como se evidenció en los casos que los "Otros Desaparecidos" ha sacado a la luz, las fosas se extienden mucho más allá de donde podrían estar los estudiantes.
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