El gobierno de Guerrero, México, ha firmado un acuerdo con las fuerzas locales de autodefensa para iniciar el proceso de legalización de estos grupos, en un intento por hacer frente a los temores sobre el aumento de estos grupos en la región.
El gobernador Ángel Aguirre y el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), que aglutina varios grupos de autodefensa, Bruno Plácido Valerio, acordaron iniciar el proceso de reconocimiento legal y la regulación de estos grupos a través de un "Sistema de Seguridad Comunitaria", informó El Universal.
El acuerdo tiene como objetivo definir legalmente las responsabilidades, obligaciones y facultades de los grupos de autodefensas, dijo el gobernador. Asimismo, establece los planes para que los grupos reciban entrenamiento del ejército mexicano en materia de Derechos Humanos y estrategias de seguridad.
Aguirre también planteó la posibilidad de que los miembros paguen por una suscripción, aunque Plácido expresó su preocupación de que esto podría resultar en la cooptación de estos grupos por el estado, ya que dejarían de responder principalmente a sus comunidades.
Análisis de InSight Crime
Mientras que los grupos de autodefensa han surgido en una serie de puntos de conflicto en México, gran parte de la actividad reciente se concentra en Guerrero.
La UPOEG tiene raíces que se remontan a un movimiento de autodefensa creado en los años noventa (aunque esta relación es ahora tensa), con fuertes vínculos con las comunidades indígenas y ha colaborado previamente con el estado.
Esto está en marcado contraste con otras regiones, especialmente con el vecino Michoacán, donde los grupos de autodefensa han entrado en conflicto con las fuerzas de seguridad, y ambas partes se han acusado mutuamente de trabajar con carteles de la droga.
Los planes para legalizar los grupos de Guerrero pueden ayudar a reducir la amenaza de una escalada de la violencia parapolicial. No obstante, todavía hay un grave peligro de corrupción - ya sea por parte de grupos criminales o de la cooperación con las fuerzas de seguridad, las cuales sufren altos niveles de corrupción e infiltración criminal.
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