El gobierno colombiano ha reclasificado a las más poderosas bandas criminales del país, considerándolas una seudoamenaza militar y autorizando el pleno uso de la fuerza contra ellas, lo cual plantea dudas sobre las consecuencias jurídicas y políticas de su nuevo estatus.
El 5 de mayo, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, anunció que al menos tres bandas criminales —a las que anteriormente el gobierno conocía con el acrónimo de BACRIM— ahora serán clasificadas como Grupos Armados Organizados (GAO), informó El Espectador. Este cambio les permite a las autoridades “usar toda la fuerza del estado, sin excepciones” en sus esfuerzos por enfrentar a estos grupos.
Los grupos objetivo son el “Clan Úsuga”, “Los Puntillos” y “Los Pelusos.”
Villegas caracterizó a las anteriores Bacrim como algo más que grupos del crimen organizado, diciendo que generan “niveles de violencia que supera las tensiones y disturbios normales”.
El Clan Úsuga, también conocido como Los Urabeños, son una poderosa banda criminal con presencia activa en 22 de los 32 departamentos del país. Los Puntillos y Los Pelusos son dos grupos criminales emergentes menos conocidos.
Según los informes, Los Pelusos tienen unos 200 miembros armados en el Departamento de Norte de Santander, que controlan gran parte del cultivo ilícito de coca en la frontera con Venezuela en ese departamento. Los Puntillos cuentan con unos 300 miembros armados en los Llanos Orientales colombianos, con supuesto acceso a armas de grado militar.
Análisis de InSight Crime
La nueva clasificación allana el camino para el aumento del uso de la fuerza militar contra los grupos anteriormente conocidos como Bacrim, cuya persecución se ha ido intensificando durante al menos el último medio año. El ejército de Colombia lanzó el primer ataque aéreo contra Los Urabeños en noviembre de 2015, y en abril de 2016 las autoridades colombianas plantearon un mayor papel de los militares en la lucha continua contra el crimen organizado, incluidas las Bacrim.
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El aumento de las ofensivas militares y el uso de los ataques aéreos contra las Bacrim, sin embargo, plantean preocupaciones. A diferencia de los grupos guerrilleros colombianos, que operan sobre todo en zonas aisladas, Bacrim como Los Urabeños operan entre la población general. Esto plantea el riesgo de daños colaterales y, más ampliamente, serias preocupaciones legales y de derechos humanos en relación con el papel del Estado al atentar contra sus propios ciudadanos.
Clasificar a las Bacrim como algo más que grupos criminales también complica la cuestión jurídica acerca de cómo los actores nacionales e internacionales deben enfrentarse a ellas. La nueva denominación ubica a los grupos en una zona legal gris, convirtiéndolos en algo más que una entidad criminal común, además de un actor armado en el conflicto interno colombiano.
No está claro qué efecto tendrá esta clasificación sobre la posibilidad de futuras negociaciones o intentos de desmovilización. Los Urabeños han insinuado que quieren ser incluidos en las negociaciones de paz en curso, aunque el gobierno ha negado a esa posibilidad.
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