El gobierno de Colombia y el grupo guerrillero más grande que queda en el país han acordado llegar a un cese al fuego bilateral, pero la falta de unidad al interior de la organización guerrillera puede hacer que su implementación sea difícil.
El 4 de septiembre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzará este 1 de octubre y se extenderá hasta el 12 de enero de 2018.
Además de detener los ataques contra las fuerzas de seguridad colombianas, también se espera que el ELN deje de atacar a los civiles con secuestros, destrucción de infraestructura, reclutamiento de menores de edad y siembra de minas antipersona.
"La prioridad es proteger a los ciudadanos", dijo el presidente.
Por su parte, el gobierno colombiano se ha comprometido a suspender las operaciones militares contra el grupo, ofrecer protección a los dirigentes sociales (muchos de los cuales están siendo asesinados) y mejorar las condiciones de los guerrilleros encarcelados.
El anuncio se presenta sólo unos días antes de la visita que le hará a Colombia el Papa Francisco, jerarca de la Iglesia católica. La Iglesia ha apoyado el proceso de paz entre el gobierno y el otro grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes firmaron un acuerdo de paz el año pasado.
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En un documento publicado por el ELN en Twitter se afirma que el cese al fuego será supervisado por un órgano respaldado por el gobierno colombiano, el ELN, las Naciones Unidas y la Iglesia católica.
Gobierno y Eln acuerdan cese bilateral del fuego y de hostilidades desde el 1 de octubre hasta el 12 de enero. Vea el comunicado conjunto ? pic.twitter.com/zVYUZPhQkO
— Equipo Paz Gobierno (@EquipoPazGob) 4 de septiembre de 2017
Análisis de InSight Crime
Aunque el ELN ha sostenido vehementemente que el cese al fuego bilateral es una condición previa para las conversaciones formales, no ha logrado demostrar que puede controlar a los miembros de sus filas. Las actividades criminales por parte de la guerrilla —particularmente el secuestro— podrían considerarse violaciones al acuerdo de alto el fuego, si se continúan realizando.
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Y en caso de que eventualmente se llegue a un acuerdo, los informes de InSight Crime permiten suponer que muchos miembros del grupo podrían desertar del proceso de paz con el fin de continuar participando en las lucrativas actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal.
Es importante que los negociadores del ELN muestren avances más concretos, como el actual acuerdo de alto el fuego, si quieren generar confianza entre sus miembros sobre la viabilidad de las negociaciones. Sin embargo, como lo ilustra el proceso con las FARC, el tema de la criminalización en el posconflicto es un asunto de crucial importancia, que debe ser abordado por ambas partes con el fin de reducir las posibles disidencias.
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