Varias semanas después de que el gobierno de El Salvador anunciara que no intentaría reanudar las conversaciones de una tregua entre pandillas locales, un consejo extraordinario de seguridad lanzó un plan de acción de 124 puntos que detalla la manera como el gobierno puede actuar para reducir la propagación de la violencia en el país.
El plan, que no ha sido publicado en su totalidad y que costaría entre US$1,8 y US$2,1 miles de millones, incluye disposiciones para reducir el desempleo juvenil, ayudar a las víctimas de delitos, mejorar el acceso a recreación y espacios públicos y crear programas de reintegración para exconvictos. En total, unos US$1,5 miles de millones estarían dirigidos a esfuerzos para prevenir el delito, señaló el gobierno.
El plan también incluye US$38 millones en mejoras del sistema penal. Las prisiones salvadoreñas presentan altos niveles de hacinamiento; según el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, tienen un nivel de hacinamiento de 325 por ciento.
El consejo especial, promocionado como “un esfuerzo interinstitucional”, está compuesto por miembros del gobierno y cuenta con la participación de la sociedad civil y organismos multilaterales.
Análisis de InSight Crime
El presupuesto completo para el plan, que representa casi el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual actual del país, provendría de fuentes privadas e internacionales, además de fondos del gobierno. La pregunta es de dónde saldría el dinero. La Prensa Gráfica informó que uno de los autores del plan dijo que si no se puede encontrar financiación, el consejo especial terminaría con “buenas intenciones, pero sin resultados”.
Históricamente, El Salvador ha tenido uno de los más bajos presupuestos en inversión social y programas educativos de la región. En 2011, la inversión pública del gobierno representó el 22 por ciento del PIB, mientras que el promedio de los países de Latinoamérica fue del 28 por ciento de su PIB.
Este plan de acción podría ser una respuesta del gobierno al reciente anuncio de poner fin a las negociaciones para alcanzar una tregua entre las dos principales pandillas del país, la MS13 y Barrio 18, y detener la oleada de violencia. El consejo especial se opuso específicamente a permitir que quienes un delegado multilateral denominó como “elementos criminales” tuvieran un asiento en la mesa.
Aunque tuvo poco respaldo entre los salvadoreños, se reconoce que la tregua logró disminuir por poco tiempo las tasas de homicidio a casi la mitad. Desde que se rompió, los homicidios han aumentado considerablemente, lo que ha hecho de El Salvador uno de los países más violentos del mundo por fuera de una zona guerra.
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