Gobierno mexicano contrató empresas vinculadas al Cartel de Sinaloa

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A pesar de estar incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno mexicano parece haber tomado pocas acciones contra una serie de empresas que han sido vinculadas al Cartel de Sinaloa, dirigido por El Chapo Guzmán.

 Según una revisión de las empresas mexicanas incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizada por El Universal, de las 95 empresas vinculadas al Cartel de Sinaloa, 14 han tenido relaciones con el gobierno mexicano mediante contratos o concesiones.

Por ejemplo, en 2007 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en su lista negra a la guardería “Estancia Infantil Niño Feliz” por presuntamente ser utilizada por el Cartel de Sinaloa para lavar dinero. Uno de los socios originales de la guardería era María Teresa Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, un alto líder del Cartel de Sinaloa.

En 2009, Daniel Karam, entonces director del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), informó que la Procuraduría General de la República (PGR) estaba investigando a Teresa Zambada por la inclusión de la guardería en la lista de la OFAC.

Sin embargo, según El Universal, la guardería ha recibido una serie de contratos del IMSS, el más reciente de ellos a principios de 2014. Estancia Infantil Niño Feliz recibe actualmente del gobierno cerca de US$185 al mes por cada uno de los 209 niños que asisten a ella, aproximadamente US$490.000 al año.

Según El Universal, la mayoría de las empresas relacionadas con el Cartel de Sinaloa se encuentran en el estado de Sinaloa, donde hay 35. Jalisco ocupa la segunda posición con 17 empresas, mientras que en los estados de Baja California, Sonora, México, Morelos y el Distrito Federal, están ubicadas cerca de 12 empresas vinculas al Cartel de Sinaloa.

Análisis de InSight Crime

Cuando una empresa es incluida en la lista negra de la OFAC bajo la ley de capos (lista kingpin), sus activos son congelados y se les prohíbe a las empresas de Estados Unidos realizar transacciones financieras o comerciales con ellas.

Se esperaría que este tipo de decisiones generaran una respuesta más agresiva del gobierno mexicano, o por lo menos una investigación sobre si la inclusión en la lista negra por parte del Departamento del Tesoro es justificada. Sin embargo, esto no parece haber ocurrido en términos generales, y en lugar de ello, el gobierno ha seguido realizando contratos y negocios con varias de las empresas que el Departamento del Tesoro vinculó al Cartel de Sinaloa. Muchas de las empresas en la lista negra continúan pagando impuestos estatales y federales, sobre todo en Sinaloa.

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Este tipo de situaciones se prestan para rumores —comunes durante la administración del expresidente Felipe Calderón— de que el gobierno mexicano favorece implícitamente al Cartel de Sinaloa y prefiere tomar medidas contra otros carteles más violentos, como Los Zetas. Sin embargo, el gobierno mexicano siempre ha negado vehementemente esas afirmaciones.

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