El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció un nuevo paquete de medidas anticrimen que incluye facilitar armas a civiles y dar a grupos supervisados por el gobierno labores de inteligencia, lo cual ha vuelto a encender las alarmas sobre posibles abusos a derechos humanos e incremento en acciones arbitrarias de parte del Estado.
"Solo el pueblo salva al pueblo […]. Llamo a todo nuestro pueblo, con toda la fuerza del Estado venezolano, con todas las capacidades del Estado venezolano, a activarse", afirmó el mandatario en una cadena de radio y televisión, de acuerdo con Panorama.
El conjunto de medidas, que hacen parte de la "Campaña Carobobo 2021", buscan activar de manera conjunta y simultánea acciones de las fuerzas militares, la policía y la población civil. Dos de las medidas más controversiales son la entrega de armas a civiles y el fortalecimiento de un sistema de inteligencia en los barrios, bautizado como SP3, el cual es controlado por el gobierno.
El SP3 pretende contar con la ayuda de informantes, a los que el régimen ha llamado “patriotas cooperantes”, que faciliten la identificación de bandas criminales y paramilitares. Mientras que La Operación Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), anteriormente conocida como La Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), contempla un despliegue masivo de funcionarios del régimen, con el supuesto fin de neutralizar y buscar delincuentes, quienes permanecerían en las comunidades una vez la operación haya acabado.
El anuncio de Maduro fue antecedido por ejercicios militares, durante los cuales el presidente informó que tiene planificado entregar rifles y armamento secreto en los barrios y campos para defender la soberanía de Venezuela, informó el Nuevo Herald.
Análisis de InSight Crime
El llamado para que la ciudadanía venezolana se active con el propósito de liberar de la delincuencia y la criminalidad a todo el país no es nueva.El régimen ya cuenta con los llamados "colectivos armados", grupos de civiles armados de signo izquierdista a los que se les ha permitido, tolerado y a veces instigado a adueñarse de zonas urbanas, principalmente al oeste de Caracas.
Como se ha evidenciado en investigaciones realizadas por InSight Crime, estos grupos que pregonan velar por la seguridad ejercen violencia, amenazan, extorsionan e intimidan a la población. Atendiendo a ese antecedente, es posible prever que el nuevo plan del presidente dé más fuerza a estos grupos y promueva la creación de unos nuevos, lo que posiblemente aumente los niveles de violencia.
Las denuncias de abusos a los derechos humanos y las críticas expresadas por expertos en seguridad no fueron suficientes para dejar a un lado a las desprestigiadas OLP, sino que la solución propuesta por el Ejecutivo se limitó a un simple cambio de nombre –agregándole el “humanista”- sin que exista una transformación que, por ahora, contribuya a la disminución de la criminalidad.
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En el pasado, el chavismo ha ejecutado planes que siguen estas líneas, sin que estos hayan tenido resultados sobresalientes. En su informe de fin de año, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) calculó que en el 2016 hubo 28.479 "muertes violentas", lo que significa una tasa de mortalidad violenta de 91,8 por cada 100.000 habitantes, y un incremento respecto a las 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes reportadas en el 2015.
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