¿Gobierno de Venezuela usa reforma policial para acosar rivales políticos?

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Venezuela desmanteló a las fuerzas policiales de la segunda ciudad del país por presuntas acusaciones de vínculos con el crimen organizado; pero los miembros de la oposición afirman que la medida realmente tiene motivos políticos.

El 25 de febrero, las autoridades venezolanas emitieron una orden para intervenir a la policía de Maracaibo, capital del estado Zulia, bajo el argumento de que existía evidencia de “la participación masiva y continuada de algunos de sus funcionarios en redes delictivas”, informó El Nacional.

Según los términos de la intervención, todos los miembros de la policía de Maracaibo deben entregar sus armas y pasar por un proceso de revisión, el cual estará dirigido por un comité de cuatro personas seleccionadas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, expresó un “rechazo contundente” a la medida, llamándola “arbitraria” y agregando que creía que tenía que ver más con asuntos políticos que con una verdadera necesidad de reforma. Un diputado al Concejo Legislativo del Estado Zulia —que al igual que Trejo pertenece a la oposición— hizo eco de sus comentarios. El jefe de la policía de Maracaibo —quien fue removido de su cargo debido a la intervención— dijo estar “sorprendido con el anuncio y los motivos que lo justifican”.

El exjefe de recursos humanos de la disuelta Policía Metropolitana de Caracas fue nombrado director de la policía de Maracaibo.

Análisis de InSight Crime

A pesar de que la Comisión Nacional para la Reforma Policial fue creada con el fin de eliminar la corrupción, ha anunciado constantemente “intervenciones” en zonas donde la oposición venezolana ostenta el poder político. La comisión —creada en octubre de 2014— ya ha ordenado tres intervenciones en el estado de Miranda, gobernado por el líder de la oposición y excandidato presidencial Henrique Capriles. También se han realizado dos intervenciones en los estados de Monagas y Zulia, cuyas capitales tienen alcaldes opositores.

Además de que la alcaldesa de Maracaibo, Trejo de Rosales, hace parte de la oposición, su esposo es un excandidato presidencial que escapó a Perú luego de ser acusado de corrupción, a lo cual él posteriormente se refirió como un acto de persecución política.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Reforma Policial

La intervención a la policía de Maracaibo se presenta en un momento de alta tensión política en el país, cuando el gobierno ha detenido a varios miembros importantes de la oposición. El 19 de febrero, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido por presuntamente orquestar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. La exdiputada María Corina Machado se vio en una situación similar en noviembre de 2014, debido a sus presuntos planes para asesinar al presidente.

No sería de extrañar que la comisión de reforma policial del gobierno se hubiese politizado en este tenso ambiente. Aunque la posibilidad de que la policía de Maracaibo esté involucrada en actividades criminales no sería nada extravagante —la policía de Zulia ya ha sido vinculada a la red criminal colombiana Los Rastrojos y al cartel mexicano Los Zetas—.

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