La participación de miembros de la cúpula militar de El Salvador en un supuesto escuadrón de exterminio dedicado a la ejecución de pandilleros revelada mediante escuchas telefónicas se convirtió en el primer caso en el que se demuestra una clara implicación de personal castrense en ordenar ejecuciones extrajudiciales en ese país.
De acuerdo con conversaciones telefónicas interceptadas por la Fiscalía General de la Nación durante 2017, tres altos oficiales del ejército dirigían las operaciones del grupo en un intento por ejecutar de manera ilegal sospechosos de pertenecer a pandillas.
Las escuchas telefónicas captaron a los coroneles David Iglesias Montalvo, Héctor Solano Cáceres, y al teniente Lionel Ascencio Sermeño mientras hablaban del escuadrón, y revelaron la existencia de una estructura de mando dentro de la unidad de inteligencia del ejército. Miembros del Batallón de Información y Análisis del Ejército (BIAE) llevaron a cabo las ejecuciones, alega la Fiscalía General.
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La Fiscalía General también acusó a los oficiales de encubrir un episodio de tortura a dos personas por parte de soldados en junio pasado, en el departamento de Ahuachapán, oeste de El Salvador.
En una conferencia de prensa reciente, el ministro de defensa de El Salvador, general David Munguía Payés, criticó a la Fiscalía General por la acusación de encubrimiento sobre los oficiales. También negó la existencia de la unidad secreta.
“No existen grupos de exterminio”, afirmó Munguía en comentarios recogidos por la prensa local. “Tampoco vamos a tolerar que existan grupos de exterminio en la institución”.
En respuesta, la Fiscalía General criticó a las fuerzas armadas por actuar a la “defensiva”, y pidió mayor cooperación entre los dos organismos.
Análisis de InSight Crime
Las ejecuciones extrajudiciales son un grave síntoma de la inseguridad que se vive en El Salvador, mientras las fuerzas del gobierno repelen la violencia de pandillas que ha llevado al país a catalogarse como uno de los más violentos del mundo. La violencia no cesa de aumentar en El Salvador, pese al uso de tácticas “extraordinarias” por parte de los funcionarios de seguridad y las medidas cada vez más represivas para ejercer control.
Aunque ha habido muchos casos documentados de ejecuciones, ataques y extorsiones por parte de las fuerzas de seguridad en todo el país, la evidencia de la Fiscalía General es la primera que señala con claridad a oficiales de la cúpula militar.
Se cree que muchos de los organismos de seguridad del país están infiltrados por pandilleros, y a comienzos de este mes se disolvió y reemplazó el Grupo de Reacción Policial (GRP) después de repetidas acusaciones que los señalaban de perpetrar masacres.
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Agnes Callamard, relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, habló recientemente con InSight Crime, y opinó que el uso excesivo de fuerza entre los organismos de seguridad salvadoreños está ligado a la impunidad, la débil veeduría institucional y la incapacidad de llevar efectivamente los casos de corrupción a los estrados judiciales.
“En últimas se necesita aportar evidencia valiosa, tener jueces que no tengan miedo de condenar a policías y proteger a esos jueces [cuando toman] decisiones muy impopulares”, comentó Callamard.
Callamard también señaló que el sistema de justicia salvadoreño necesita mecanismos que permitan a sus funcionarios recopilar “la evidencia requerida para demostrar ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de fuerza”, para lograr contener la corrupción institucional.
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