Las autoridades de Perú han expulsado a cerca de dos docenas de policías en la ciudad costera de Chiclayo por vínculos con el narcotráfico, resaltando el esparcimiento de la corrupción oficial en el país.
A principios de septiembre, la Inspectoría General de la Policía Nacional expulsó a 21 miembros de varias unidades nacionales de policía en la ciudad luego de que unas grabaciones de unas llamadas telefónicas los vinculara con la narcotraficante convicta Haydee Leyva Caycay alias “Tía Vicky”, informó La República. Entre los oficiales acusados se encuentran un coronel, dos mayores, dos capitanes, y 16 oficiales de menor rango. La antigua cabeza de la división antidrogas de la policía en Chiclayo también ha sido acusado de trabajar con Caycay, informó Correo.
Tras una investigación inicial en la cual el coronel fue absuelto y los otros policías recibieron solo sanciones menores, se lanzó una segunda investigación que tomó en consideración 154 conversaciones telefónicas interceptadas por la policía antidrogas. Las conversaciones involucraban a la policía de Chiclayo y a Caycay o a su socio Santiago Soto Meléndez alias “Pecherque”.
Según el Inspector General, los policías avisaban las fechas y los horarios de las redadas, y también le informaban la identidad de los policías encubiertos que operaban dentro de su grupo criminal.
En 2013, Caycay –considerada en el momento la principal distribuidora de drogas en la ciudad- y otros miembros de su grupo criminal fueron sentenciados a 25 años de prisión por lavado de dinero.
Análisis de InSight Crime
Según La República, el clan Caycay traficó drogas y lavó dinero en la provincia de Chiclayo desde 1995 hasta cuando el grupo fue desmantelado en 2013. A pesar de que según informes el grupo de Caycay operaba en una sección relativamente pequeña del país, el hecho de que fueran capaces de recibir apoyo de conexiones policiales de alto nivel, sugiere al menos un grado de sofisticación.
La expulsión de 21 policías por vínculos con el narcotráfico es otra señal de qué tan profundas son las raíces de la corrupción oficial en Perú. Las fuerzas policiales corruptas también han sido acusadas de facilitar la extorsión en el norte de Perú, y el año pasado el jefe de la policía en la ciudad de Lambayeque –cerca de Chiclayo- fue arrestado por presuntamente trabajar con el grupo extorsionista Nuevo Clan del Norte.
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Varios políticos peruanos y candidatos también han sido acusados de corrupción y de participar en actividades criminales. Las autoridades han prohibido a más de 300 candidatos a postularse para las elecciones de octubre por sus condenas criminales, y en agosto, el ministro de Interior Daniel Urresti identificó a 115 candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico.
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