Un grupo de autodefensas que opera en una comunidad rural de El Salvador está pidiendo reconocimiento legal formal, lo que recuerda los problemas de seguridad que en otras partes de la región plantean actores similares no estatales que toman la justicia en sus propias manos.
El grupo, ubicado en la ciudad de San Nicolás Lempa, en el Departamento de San Vicente, se compone de unos 60 ciudadanos. Los miembros están buscando reconocimiento legal para poder operar abiertamente y así acceder a más armas y equipo, informó La Prensa Gráfica.
El movimiento de autodefensas se originó en el 2015, cuando varios excombatientes de la guerra civil del país entre 1979 y 1992 se rearmaron después de la aparición de los miembros de Barrio 18 en la comunidad y del asesinato de un líder comunitario y su hija, presuntamente por la pandilla.
Desde esa época, el grupo de autodefensas ha trabajado de manera subrepticia con las fuerzas armadas y la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador para llevar a cabo operaciones conjuntas contra los pandilleros, informó el medio de noticias.
Análisis de InSight Crime
Independientemente de si el grupo de autodefensas recibe reconocimiento legal o no, su presencia y la naturaleza de sus acciones dan cuenta de una situación preocupante en la región. A menudo, las autoridades deben lidiar con actores no estatales que tratan de establecer su propio estado de derecho. Esto suele ser generado por las percepciones de abandono estatal, así como por la creencia de que las autoridades no pueden o no quieren proteger a las comunidades.
En El Salvador, donde por mucho tiempo han existido los escuadrones de la muerte, se ha presentado un resurgimiento de este fenómeno en los últimos años, que se cree que es causado por una pronunciada falta de control del Estado en muchas zonas dominadas por pandillas. El aumento de las ejecuciones extrajudiciales en El Salvador ha estado acompañado por una preocupante tendencia al uso de la violencia excesiva por parte de la policía, que comete asesinatos impunemente, y los informes según los cuales las fuerzas de seguridad están trabajando con grupos paramilitares aumentan estas preocupaciones.
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En caso de que El Salvador les otorgue reconocimiento oficial a los grupos de autodefensa, el país podría caer en la misma situación que México, cuando el gobierno brindó reconocimiento tácito a los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán. En ese caso, la violencia y los asesinatos extrajudiciales aumentaron excesivamente y los abundantes grupos de autodefensa comenzaron a involucrarse en actividades criminales ilegales. Incluso si los grupos de autodefensa de El Salvador evitan ser criminalizados, el ejemplo de México muestra que los grupos de autodefensa no son un remplazo a largo plazo para las instituciones del Estado fuertes y formales.
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