Grupo paramilitar en Policía de Veracruz fue responsable de desapariciones en México

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Las autoridades en México han ordenado la captura de más de una treintena de oficiales de alto rango en la policía estatal por su presunta participación en un grupo parapolicial acusado de desapariciones forzadas.

Una jueza mexicana ordenó la captura de 31 agentes de policía —pertenecientes a toda la cúpula policial— en el atribulado estado mexicano de Veracruz por su presunta participación en quince desapariciones forzadas cometidas entre abril y octubre de 2013, según informó el diario español El País el pasado 24 de febrero.

Se dice que el grupo atacó a miembros del temido cartel mexicano Los Zetas, pero también persiguió y asesinó a jóvenes pobres, acusándolos de colaborar con el hiperviolento grupo criminal, según El País.

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El fiscal general de Veracruz Jorge Winckler declaró en entrevista con El País que las autoridades recolectaron “confesiones, identidades y notas dirigidas a superiores” que confirmaron la existencia de dos grupos paramilitares que ejecutaron desapariciones forzadas dentro de la policía del estado de Veracruz.

“Es la primera vez en México que se establece acción penal contra los actores materiales de las desapariciones físicas y contra los altos mandos que hicieron de la desaparición forzada una política sistemática e institucional”, opinó Winckler para El País.

Winckler añadió que es la primera vez que una fiscalía pudo identificar que había una “política consistente en detectar, detener y desaparecer a personas supuestamente vinculadas a la delincuencia organizada”.

De acuerdo con El País, el primer grupo, conocido como Fuerza de Reacción, era responsable de localizar y detener a sospechosos antes de usar la tortura y el abuso sexual para extraerles información. Las víctimas pasaban luego a manos de un segundo grupo conocido como Fuerza Especial que continuaba la tortura —al parecer en las instalaciones de la Academia de Policía de Veracruz— para eventualmente desaparecerlas.

Análisis de InSight Crime

Las desapariciones forzadas han sido problema de siempre en México desde que las autoridades lanzaron la llamada guerra contra las drogas para enfrentar a los grupos criminales en 2006.

El secuestro en masa de 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normalista Rural de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, al oeste de México, en septiembre de 2014 —que sigue sin resolver hasta el día de hoy— puede ser el caso más sonado en los últimos años.

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Se cree que la policía estatal y municipal trabajó para el grupo criminal local Guerreros Unidos en el secuestro de los estudiantes del caso Ayotzinapa. Este nuevo ejemplo en Veracruz señala que esta vez las autoridades desaparecían a presuntos miembros de carteles, por política estatal.

El gobierno mexicano ha recibido fuertes críticas por su respuesta, o su falta de respuesta, al problema de las decenas de miles de casos de desapariciones forzadas. El caso más reciente es un importante avance en lo que ha sido por mucho tiempo un delito asociado a los grupos del crimen organizado en México, y también apunta a otro problema crónico: el de la corrupción dentro de las instituciones de policía en México. Lo que falta ver es si se los acusados responderán ante la ley o si la impunidad continuará.

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