Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la violencia que vive el departamento de Norte de Santander en Colombia, pone el foco en la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes de Venezuela frente a los grupos criminales que dominan la región.
El informe titulado “La Guerra en el Catatumbo”, publicado el pasado 8 de agosto, documenta los abusos de grupos armados contra civiles venezolanos y colombianos en el noreste de Colombia. El documento explica que la presencia de grupos criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (ex-FARC mafia) son responsables del aumento de las tasas de homicidio en el Catatumbo, al igual que del desplazamiento forzado.
Según HRW, los ciudadanos venezolanos afectados viven en las áreas urbanas más importantes del Catatumbo, como los municipios de Tibú, Ocaña, El Tarra, Ábrego, Convención y Sardinata. En estas áreas, muchas personas, entre ellas mujeres, niños y niñas, viven en condiciones precarias, lo que las deja a merced de los criminales.
“Hemos documentado en terreno que los grupos armados en el Catatumbo cometen todo tipo de abusos: asesinatos, desapariciones, secuestros, reclutamiento de menores, violaciones sexuales, amenazas y desplazamientos”, explicó el director de HRW José Miguel Vivanco en entrevista con la revista Semana.
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Según Vivanco, actualmente hay cerca de 25.000 venezolanos en el Catatumbo que, a pesar de conocer los riesgos de seguridad en la zona, cruzaron la frontera en busca de trabajo, comida y medicinas.
Los venezolanos han llegado a la par que decenas de miles de residentes de El Catatumbo han sufrido desplazamiento por causa del conflicto entre los distintos grupos armados.
Desesperados, los migrantes se ven atrapados en áreas donde estos grupos compiten por el territorio y el control de las economías criminales.
Análisis de InSight Crime
Los controles migratorios son limitados en varias poblaciones del Catatumbo. Los grupos criminales colombianos explotan la pobreza y el desplazamiento de los venezolanos que afluyen por la frontera y los reclutan para trabajar en las economías criminales del departamento del Norte de Santander.
Ante la necesidad de buscar empleo, muchos migrantes venezolanos terminan involucrados en alguna parte de la cadena de producción de estupefacientes para subsistir, según el estudio publicado por HRW.
De acuerdo con información recolectada en terreno, InSight Crime ha podido confirmar que los venezolanos han desplazado a los raspachines —personas que se dedican a la recolección de hojas de coca para sobrevivir— porque cobran menos sueldo. Los pagos pueden ir desde US$100 hasta US$300 al mes, un ingreso difícil de conseguir del otro lado de la frontera.
En muchos casos son menores de edad, tanto venezolanos como colombianos, quienes llevan a cabo estas labores en los cultivos de coca, mientras muchas mujeres jóvenes son reclutadas en estructuras de prostitución en cuanto pasan los cruces.
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Otro factor que contribuye a la vulnerabilidad de los venezolanos es su estatus migratorio. En conversación con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en la ciudad fronteriza de Cúcuta, InSight Crime pudo comprobar que por temor a ser deportados o judicializados, muchos venezolanos se abstienen de buscar intervención de las autoridades locales.
Esta situación de virtual invisibilidad, sumada a las condiciones de carencia que los impulsaron originalmente a migrar, hace a estos venezolanos recién llegados aún más vulnerables a la explotación por parte de los grupos armados.
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