Grupos criminales controlan campañas políticas en las favelas de Río

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Narcotraficantes y milicias están cobrando derechos de campaña a los candidatos políticos para las próximas elecciones del estado de Río de Janeiro, en Brasil, en una señal de que a pesar de las recientes campañas de seguridad, los grupos criminales siguen ejerciendo un considerable control social sobre sus áreas de operación.

Según los candidatos políticos entrevistados por O Globo, los narcotraficantes y los grupos de milicias cobran a los candidatos entre US$35.000 y US$45.000 por hacer campaña en su territorio, y hasta US$132.000 por el apoyo de líderes locales en las próximas elecciones.

Los grupos también han creado listas de candidatos prohibidos y realizado censos informales, cobrando a los candidatos según en el tamaño del electorado, informó O Globo.

También hay informes de grupos criminales que se benefician de las campañas incluso en las favelas con una presencia de seguridad considerable, incluyendo al Complexo da Maré, que está ocupado por los militares, y al Complexo do Alemão, donde actualmente hay una Unidad de Policía Pacificadora (UPP).

Según los candidatos, hay diferencias sustanciales en las formas en que las milicias y los grupos de narcotraficantes ejercen control sobre las campañas. Mientras que los narcotraficantes suelen dividir su territorio en diferentes secciones para poder cobrar a más de un candidato, las milicias tienden a facilitar la elección de los candidatos que les ofrecen apoyo político.

Análisis de InSight Crime

Aunque en el pasado los grupos criminales se han beneficiado de campañas políticas, según O Globo las normas establecidas por estas organizaciones ahora son más estrictas, y el fenómeno se ha expandido a zonas que en el pasado no se veían afectadas. Esto ha tenido un impacto significativo en las campañas, llevando a que algunos candidatos se mantengan alejados de ciertas favelas para no poner en riesgo a sus partidarios, mientras que otros han optado por pagar los avales criminales.

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Esto no augura nada bueno para la democracia en Brasil, donde ya ha habido numerosos informes de lazos entre grupos criminales y funcionarios del gobierno. Según una estimación de 2008, hasta el 70 por ciento del lavado de dinero en Brasil está ligado a la corrupción oficial. Un prominente caso de 2012 implicaba a unos políticos con un esquema de juegos de azar utilizado para lavar fondos ilícitos de grupos criminales en Río de Janeiro. En otro caso el año siguiente, funcionarios en el estado de Rondonia fueron detenidos por presuntamente aceptar el financiamiento de narcotraficantes en sus campañas a cambio de designarlos para ocupar cargos políticos que no existían.

Los informes recientes también son una mala señal para el controversial programa de UPP de Río, que se ha vuelto cada vez más frágil a raíz de los contraataques criminales y de los presuntos abusos contra los Derechos Humanos. Los informes de que grupos criminales controlan campañas en Complexo do Alemão –que fue ocupado por los militares en 2010 y ha contado con una UPP desde 2012- sugieren que al menos en esta favela, la UPP ha hecho poco para acabar con el dominio social de las grupos criminales.

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