El ministro de Defensa de Guatemala denunció que los grupos criminales continúan infiltrándose en el sistema de aduanas del país, y señaló que se necesitan reformas estructurales más profundas para combatir la corrupción al interior de esta institución.
El 1 de agosto, el ministro de Defensa de Guatemala, Williams Mansilla, admitió que los grupos delictivos "persisten" en las instituciones de aduanas del país y que en la lucha contra este problema es fundamental una mayor coordinación interinstitucional, informó EFE.
Durante una reunión sobre el tema, a la que asistieron Mansilla y políticos de la oposición, se identificaron varios problemas en los puertos del país, como deficiencias de seguridad y en el control de las mercancías, así como el paso de contenedores con drogas y armas. El puerto sobre el que más se habló fue el de Santo Tomás de Castilla, un importante puerto en la costa Caribe de Guatemala, con conexión directa con el principal mercado del país: Estados Unidos.
El viceministro de Gobernación, Aníbal Guzmán, explicó que las unidades de policía que operan en los puertos del país son insuficientes, y anunció que pronto se añadirían cien oficiales más para mejorar la seguridad, informó EFE.
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El director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano, señaló que, a pesar de las solicitudes de la entidad para que los puertos refuercen los controles sobre sus operaciones, sólo el 70 por ciento de los requisitos se han cumplido hasta el momento. Según la SAT, 14 de las 17 aduanas de Guatemala operan por debajo de la cantidad de recolección establecida debido a la corrupción, entre otros factores.
Como se informó en abril de este año, la SAT ha hecho propuestas para reformar la legislación de Guatemala contra el fraude y el contrabando, así como el código de aduanas de Centroamérica. El organismo también ha solicitado la creación de una fuerza especial de seguridad contra el contrabando y el fraude aduanero.
"La defraudación aduanera sólo se puede combatir con una fuerza multisectorial y reformas a la ley", le dijo a Prensa Libre el superintendente de la SAT, Werner Florencio Ovalle, en ese momento.
Análisis de InSight Crime
La persistencia de la corrupción en las aduanas de Guatemala, a pesar de que se han arrestado varios altos funcionarios —entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti—, indica que se requieren más reformas estructurales para detener la influencia criminal en esta institución.
Las autoridades están actualmente preocupadas por diversos tipos de actividad criminal en el sistema de exportaciones e importaciones del país. Uno de ellos es el fraude aduanero, un tipo de corrupción que se caracteriza por el famoso caso de La Línea, en el que el entonces presidente Pérez Molina supuestamente dirigió un sistema criminal, por el cual se reducían los impuestos de importación a cambio de sobornos. Más tarde surgieron denuncias de que las personas implicadas en La Línea todavía continuaban ejerciendo control sobre sus redes criminales desde la prisión.
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Este esquema es diferente al de la corrupción generalizada y permanente que afecta a muchos puertos latinoamericanos, que les permite a los grupos criminales sobornar a los funcionarios para que les proporcionen información sobre las rutas de los barcos, las fechas de llegada y las cargas que llevan, con el fin de facilitar el contrabando.
Erradicar ambos tipos de colusión criminal requerirá cambios estructurales profundos, que van más allá de aumentar el personal para asegurar que los funcionarios no sean corrompidos por los intereses criminales.
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