Guatemala aprobó nuevas leyes para castigar a los traficantes de migrantes, en un intento por cortar la afluencia de indocumentados hacia Estados Unidos, que sin embargo hace poco por remediar las causas subyacentes a la migración e incluso puede favorecer el desarrollo de redes criminales más sofisticadas.
El 19 de noviembre, el congreso de Guatemala aprobó sentencias más duras para traficantes de migrantes, conocidos como "coyotes", en un intento de reducir la cantidad de migrantes indocumentados que se mueven desde el país y a través de él, informó Reuters. Las reformas sobre las leyes migratorias de Guatemala disponen sentencias entre seis y ocho años para los traficantes que ayuden tanto a extranjeros como a guatemaltecos a traspasar la frontera, a obtener documentos ilegales o a emplearlos, mientras que aquellos que ayuden a menores o a mujeres embarazadas, o que les causen daños severos podrían llegar a recibir 13 años de prisión. A los tratantes ahora también se les imponente multas hasta de US $50.000.
Jean Paul Briere, presidente de la Comisión del Migrante del congreso de Guatemala, señaló que la ley ataca directamente al crimen organizado y a las estructuras dedicadas al tráfico ilegal de personas.
Bajo esta nueva ley "anti coyote", el acto de migrar al extranjero en busca de un empleo o mejor calidad de vida no es ilegal. Por el contrario, a los migrantes guatemaltecos se les rembolsará cualquier pago realizado a los traficantes, y las deudas en las que incurran serán canceladas. Adicionalmente cualquier daño físico, psicológico o económico deberá ser compensado por los traficantes.
En discusión por cerca de un año, un estímulo detrás de las reformas fue la presión ejercida por Estados Unidos. Entre octubre de 2013 y julio de 2014, cerca de 60.000 niños sin acompañante provenientes de Centroamérica llegaron a la frontera sur de Estados Unidos. El ex embajador de Guatemala ante Naciones Unidas, Fernando Carrera culpó a los coyotes de tal crisis, afirmando que ellos brindaban información parcial o totalmente falsa para impulsar a potenciales migrantes a emprender la travesía hacia el norte.
Análisis de InSight Crime
La participación en migración ilegal es una actividad lucrativa para grupos criminales de Centroamérica y México. Aunque las tarifas pueden variar, un migrante centroamericano puede llegarle a pagar a un coyote hasta US$10.000 para un viaje guiado hasta Estados Unidos. Durante el peligroso viaje a través de México, sin embargo, mucho migrantes caen víctimas de extorsiones o secuestros por grupos criminales —como los Zetas—, quienes ven a los migrantes como presas fáciles para extraer ganancias.
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Como sugiere Briere, las reformas legislativas sobre migración en Guatemala brindan más herramientas legales para atacar esas estructuras criminales que facilitan y explotan la migración ilegal, y se benefician de ella.
Sin embargo, perseguir a los coyotes puede no tener el efecto deseado de reducir la migración hacia el norte. Como muchos escépticos señalan correctamente, las reformas legales hacen poco para enfrentar los factores estructurales o las causas que alimentan la migración en la región, principalmente la violencia, la pobreza, el desempleo y el subdesarrollo. En cambio un resultado más probable con estas reformas será que, dado el riesgo adicional, aumenten las tarifas que cobran los coyotes. Esto, a su vez, puede hacer mucho más lucrativo el tráfico de migrantes, lo que puede atraer a empresarios criminales más serios y sofisticados con un ojo para las ganancias, y aumentar la exposición de los migrantes a la violencia.
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