En Guatemala ha salido a la luz otro escándalo que involucra al círculo íntimo del presidente Otto Pérez Molina, una situación que no sólo ha dirigido la atención al mandatario sino también a los problemas de corrupción profundamente arraigados al sistema político del país.
Los medios locales informaron que Gustavo Martínez, yerno y secretario general de Pérez Molina, fue una de las personas arrestadas bajo la sospecha de formar parte de una red de tráfico de influencias.
Los detenidos son acusados de utilizar su influencia política para beneficiar empresas de energía como Jaguar Energy, una de las mayores empresas eléctricas del país, a cambio de sobornos. Entre los detenidos también se encuentran el exministro de Energía y Minas Edwin Ramos Rodas Solares y el empresario César Augusto Medina Farfán.
Estas últimas acusaciones no son un hecho aislado. Recientemente también han salido a la luz otros escándalos que involucran a la policía, el sistema judicial, la agencia aduanera y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Martínez hace parte ahora de un creciente número de personas cercanas a Pérez Molina acusadas de mala conducta. En particular, la vicepresidenta de Guatemala renunció este año tras ser acusada de estar vinculada a una red de fraude aduanero.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Guatemala despojó recientemente a Pérez Molina de su inmunidad presidencial, lo cual ha generado las condiciones necesarias para continuar con una investigación del Congreso sobre los presuntos vínculos del presidente con los escándalos.
Durante una conferencia de prensa que se presentó luego de la visita de un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, el presidente de Guatemala dijo que no tenía ninguna intención de renunciar. "No voy a renunciar, voy a seguir en esta lucha", dijo Pérez Molina, y agregó que "no tengo nada que ocultar".
Análisis de InSight Crime
La administración de Pérez Molina terminará en enero de 2016, y sin lugar a dudas el presidente se deberá preparar para los malos momentos políticos que lo esperan. Durante las masivas protestas que se presentaron en el país a principios de este año, muchas personas pidieron su renuncia.
Sin embargo, esta mala conducta política no debe ser vista como una práctica exclusiva de la administración de Pérez Molina. Muchas de las élites políticas de Guatemala han estado involucradas en esquemas de corrupción, en los cuales con frecuencia hay multimillonarios contratos en juego. Como reveló una investigación de InSight Crime, la corrupción y el crimen organizado se han convertido en una parte intrínseca del proceso político de Guatemala, hasta el punto en que no sería atrevido afirmar que Guatemala opera prácticamente como un Estado mafioso. Los grupos políticos malversan fondos públicos y rutinariamente usan sus puestos para enriquecerse a sí mismos y a sus aliados. Esta corrupción se ha extendido al sistema judicial del país, lo cual ha asegurado que la corrupción permanezca en la impunidad.
VEA TAMBIÉN: La guerra por las cortes en Guatemala
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que encabezó la investigación que llevó a las capturas, indiscutiblemente ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la situación de la rendición de cuentas en Guatemala. Sin embargo, todavía está por verse qué tanto más se podrá hacer para erradicar la corrupción en el corazón del poder judicial de la nación.
SUSCRIBIRME