Las autoridades guatemaltecas han capturado a nueve personas acusadas del homicidio de ocho agentes de policía el mes pasado; de las cuales al menos una es un agente de policía, lo que evidencia la grave corrupción dentro de la fuerza.
Durante 34 operaciones llevadas a cabo en el departamento de Huehuetenango el 14 de julio, siete hombres y dos mujeres fueron detenidos por la masacre en una subestación de policía en el municipio de Salcajá, en el departamento de Quetzaltenango, cerca a la frontera con México.
Uno de los detenidos era un agente de policía que trabajaba en la estación de Salcajá. Según la BBC, dos de los detenidos eran agentes de policía, aunque los medios de comunicación de Guatemala informaron que sólo uno de los detenidos era un agente de policía.
El grupo presuntamente hacía parte de la organización narcotraficante a cargo de Aler Samayoa, alias "Chicharra" -una figura clave en un poderoso grupo de familias ciminales con sede en Huehuetenango, que se cree que trabaja con el Cartel de Sinaloa-.
La Fiscal General Claudia Paz y Paz, dijo que la investigación que duró un mes, en la cual se interceptaron llamadas y se analizaron filmaciones de las cámaras de seguridad de la estación de policía, había establecido que los detenidos eran los responsables de la masacre y que trabajaban para una organización narcotraficante "vinculada a muchos homicidios".
Análisis de InSight Crime
El departamento de Quetzeltenango es parte de un corredor clave de narcotráfico desde Suramérica hasta México, por lo que inmediatamente se sospechó que estos homicidios estaban relacionada con las drogas, y posiblemente conectados a un cartel mexicano. Los Zetas parecían ser los culpables más probables que el Cartel de Sinaloa, ya que han tenido una presencia en Guatemala desde 2007 y son conocidos por los terribles asesinatos por venganzas, algunos de los cuales se han llevado a cabo en el país. No obstante, el Cartel de Sinaloa también ha operado en Guatemala desde hace varios años.
El hecho de que uno de los sospechosos sea un agente de policía es un indicio de la rampante corrupción al interior de la fuerza de Guatemala. Un intento de reforma está en marcha, con casi 200 oficiales removidos el año pasado. Sin embargo, el International Crisis Group ha señalado que el proyecto cuenta con pocos fondos y apoyo político.
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