Guatemala está examinando la posibilidad de gravar los cultivos de droga legalizados, despenalizar los crímenes de menor grado relacionados con las drogas, y ofrecerles amnistía a las personas condenadas por posesión y venta de drogas a pequeña escala, a medida que se mueve cada vez más lejos del paradigma de prohibición dirigido por Estados Unidos.
En una entrevista con Reuters, el ministro del Interior de Guatemala, Mauricio López Bonilla, dijo que el gobierno estaba considerando legalizar la producción de amapola y marihuana, y usar los ingresos fiscales resultantes para financiar programas de prevención de drogas y para gastos sociales.
López admitió que hacer cumplir las leyes actuales era imposible y que los programas de erradicación de amapola sólo destruyeron alrededor del 10 por ciento del cultivo total.
"Si seguimos la ley al pie de la letra, tendríamos que enviar a los habitantes de tres municipios a la cárcel y eso es imposible", dijo.
El ministro también habló sobre la posibilidad de acabar con las sanciones penales, para los crímenes menores relacionados con la droga, pero descartó una despenalización total del comercio de la droga.
"No estamos hablando de la legalización del comercio de la droga, de la producción o el uso de drogas", dijo. "Estamos hablando de cambios en un sistema que, en los últimos 40 años, ha demostrado ser ineficaz".
Análisis de InSight Crime
Guatemala ha estado a la vanguardia de los llamados para reformar la política de drogas desde que el presidente Otto Pérez asumió el poder en 2012. En abril, Pérez dijo a Reuters que el gobierno había comenzado a estudiar alternativas a la prohibición y esperaba elaborar una propuesta antes de finales de 2014.
El país es uno de los tres principales productores de amapola en la región, junto con México y Colombia, y ha estado llevando a cabo un feroz programa de erradicación para abordar lo que se cree que son niveles récord de producción. Como señaló López, la completa erradicación del cultivo es casi imposible, y la aplicación de la ley consiste en la criminalización de comunidades rurales enteras, con pocas alternativas económicas.
Los planes para la legalización de la producción probablemente se centrarán en el uso de los cultivos con fines médicos, siguiendo un camino de granjas de opio reguladas por el gobierno, vistas en países como India, Turquía y Australia. Las principales preocupaciones sobre este tipo de producción es saber si el mercado legal es lo suficientemente grande para absorber la totalidad del cultivo, y si cualquier excedente sería desviado hacia el mercado ilegal de heroína, donde es procesada y traficada por grupos mexicanos.
La legalización de la producción de marihuana podría ser más problemática, ya que se produce predominantemente en el país para el consumo interno, por lo que tendría que ir acompañada de un marco regulador para el uso legal. Como lo muestra el actual proceso de legalización en Uruguay, esta es una tarea compleja.
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Es probable que cualquier movida hacia la legalización también sea fuertemente rechazada por los financiadores de operaciones antinarcóticos más importantes de Guatemala -Estados Unidos, que aún mantiene su firme oposición ante estas reformas, a pesar de la legalización de la marihuana en varios estados.
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