Cualquiera que sea sorprendido con una pistola en Guatemala irá directamente a la cárcel, a raíz de una enmienda al código penal; aunque es cuestionable hasta qué punto esto va a impactar positivamente la seguridad ciudadana.
El Congreso de Guatemala aprobó una enmienda al artículo 264 del Código Procesal Penal del país para que cualquier persona que sea detenida bajo sospecha de haber cometido delitos graves como homicidio, secuestro y porte de armas no registradas, vaya automáticamente a la cárcel. Las anteriores "medidas alternativas" como el arresto domiciliario habían sido una opción, donde el riesgo de fuga no era considerado como algo importante.
El ministro de Gobernación, Mauricio López dijo que los detenidos por portar armas de fuego ilegales habían tomado ventaja de esta indulgencia judicial en el pasado, informó Prensa Libre. Las autoridades creen que la modificación, que entrará en vigencia ocho días después de su publicación, proporcionará a los jueces una importante herramienta jurídica y ayudará a mejorar la seguridad nacional.
Análisis de InSight Crime
Aunque a los gobiernos a menudo les gusta creer que poner más gente en la cárcel mejora la seguridad ciudadana, la experiencia latinoamericana muestra que puede llegar a hacer todo lo contrario. Las cárceles de la región son conocidos fortines para las pandillas, y el hacinamiento en las cárceles, en parte debido a los largos períodos de detención previa al juicio, facilita la consolidación del poder de las pandillas y previene la rehabilitación de los reclusos. Las cárceles son caldo de cultivo para el crimen, con esquemas de extorsión y redes de tráfico de drogas y de armas a cargo de los internos que trabajan con socios que se encuentran afuera de la prisión.
VEA TAMBIÉN: Mirada al interior de la prisión en El Salvador
La medida también abordará las cuestiones relacionadas, tales como el acceso a las armas -según estimaciones de una organización sin ánimo de lucro de Guatemala, entre 800.000 y 900.000 armas ilegales circulan en el país- y como una legislación independiente es poco probable que tenga un impacto importante en los crímenes a mano armada. También es poco probable que actúe como un elemento disuasorio para los grupos del crimen organizado que están detrás de gran parte de la violencia -Guatemala no es sólo el hogar de pandillas callejeras con conexiones en las prisiones, sino también de grupos criminales internacionales, como los Zetas y el Cartel de Sinaloa, para los que dicha legislación no vale ni siquiera una consideración-.