El Congreso de Guatemala aprobó reformas a la manera como el gobierno licita y adjudica los contratos de servicios, una medida clave en la lucha contra la corrupción después de que se presentara una serie de escándalos históricos.
El 17 de noviembre, con 107 votos a favor, el Congreso de Guatemala modificó la ley de contrataciones del Estado, con el fin de permitir un proceso de licitación más abierto y competitivo para los contratos convocados por el gobierno. La intención es permitir contrataciones con el Estado de una manera mejor y más responsable, permitiendo que la información esté públicamente disponible, y al mismo tiempo reduciendo los precios para los contratos, al permitir la posibilidad de competencia.
El presidente del Congreso, Luis Armando Rabbe Tejada, dijo que la ley aporta transparencia a las funciones del gobierno y "mejora los controles en el tema de compras y contrataciones [con el Estado]".
Las reformas establecen límites para los representantes del Congreso y sus familiares en la licitación de contratos con el Estado, con el fin de combatir el nepotismo y el tráfico de influencias. Las reformas también imponen restricciones a los financiadores de partidos políticos y de campañas electorales (sólo aquellos cuyos aportes anuales totales sean de menos de 30.000 quetzales —unos US$4.000— podrían participar en las licitaciones).
En las últimas semanas se dudaba que estas medidas fueran a ser aprobadas debido a las reservas de algunos legisladores con respecto a algunas disposiciones, como la del proceso de licitación abierta. Sin embargo, la propuesta de reformas es impulsada por Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por la ONU, quien subrayó la importancia de estas reformas para combatir la corrupción.
Antes de que el decreto entre en vigor, el texto de las medidas será revisado por una Comisión de Estilo y luego será presentado para su aprobación final por el Congreso.
Análisis de InSight Crime
Como lo sugiere un editorial de Siglo21, reformar las leyes de contratación estatal en Guatemala habría sido poco probable en años pasados. Pero una serie de grandes escándalos del gobierno han generado enormes presiones por parte de los ciudadanos para que los funcionarios implementen medidas contra la corrupción.
Tal vez el más importante de estos escándalos es el del fraude de la aduana, llamado "La Línea", que dio lugar a la renuncia y al arresto del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
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Otro importante escándalo, que quizá no se repetirá fácilmente si en efecto se aplican las reformas de contratación, involucró al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Éste consistió en irregularidades en contratos con compañías farmacéuticas y proveedores de servicios médicos, de modo que los funcionarios del gobierno supuestamente obtuvieron millones de dólares como fruto de contratos fraudulentos. Estos contratos fueron asignados generalmente como favores políticos y personales de funcionarios del gobierno.
La mayoría de los contratos de servicios del IGSS fueron asignados mediante procesos sin licitación, lo cual facilitaba la corrupción. Las recientes reformas legislativas de Guatemala son entonces un paso clave en la dirección correcta y ofrecen la esperanza de que el país pueda empezar a limitar las trampas constantes y el nepotismo del gobierno en los últimos años.
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