Por primera vez los pandilleros de El Salvador habrían asesinado a un alto funcionario de la policía, lo cual indica que la guerra entre las “maras” y las fuerzas de seguridad continúa, a pesar de las fuertes medidas del gobierno encaminadas a detener la actividad de las pandillas.
El 1 de septiembre el subcomisario Alberto Marroquín y el agente de policía Nelson Edgardo Paz se encontraban patrullando en el departamento de Ahuachapán, al occidente del país, cuando descubrieron que varios individuos en una motocicleta parecían llevar una persona secuestrada, informó La Página. Posteriormente se produjo un tiroteo, durante el cual ambos oficiales resultaron heridos de muerte.
De acuerdo con El Diario de Hoy, la muerte de Marroquín es el primer caso de un alto funcionario de la policía asesinado por pandilleros.
Un supuesto pandillero fue arrestado después de resultar herido durante los enfrentamientos, informó EFE.
Además, el mismo día se descubrió el cuerpo de un soldado, Carlos Wilfredo Ramos, en el departamento de La Libertad, después de llevar varios días desaparecido, informó El Diario de Hoy.
En lo que va corrido de 2016, 30 policías han sido asesinados “en ataques directos o en cumplimiento de sus funciones”, de acuerdo con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Otros 11 miembros de las fuerzas armadas han sido asesinados este año, en comparación con 24 en 2015, informó La Prensa Gráfica. El Diario de Hoy informó que 17 miembros de las fuerzas armadas han sido asesinados en el año 2016. Por otra parte, unos 280 pandilleros han muerto en 2016 en 300 enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según la agencia EFE.
Según La Página, las autoridades han atribuido el evidente aumento en los ataques contra la policía en los últimos días a una reacción a las recientes operaciones contra las redes criminales.
Análisis de InSight Crime
Los homicidios de policías en El Salvador han estado aumentando abruptamente en los últimos tres años, y llegaron a 63 en el año 2015, de acuerdo con algunos informes. Si bien el número de víctimas mortales de este año es menor, los recientes asesinatos ponen de presente los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad a diario —lo que en gran parte se debe a la amenaza que plantean las pandillas más grandes del país: la MS13 y Barrio 18—. De hecho, entre 2013 y 2015 más de 800 agentes de la policía han renunciado a sus cargos.
Aunque el número de oficiales muertos es significativo, sigue siendo mucho menor que el número de pandilleros muertos en combate con las fuerzas de seguridad. La policía de El Salvador continúa siendo acusada de ejecuciones extrajudiciales y de pertenecer regularmente a escuadrones de la muerte. Los miembros de las pandillas han denunciado el evidente apoyo del gobierno a la estrategia de la policía de “disparar primero, preguntar después” y han dado a entender que responderán de la misma manera.
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La permanente ofensiva de El Salvador contra las pandillas ha sido evidente en los últimos días. Una operación policial permitió capturar a más de 300 presuntos pandilleros, mientras que una ley que se está estudiando en la Asamblea Legislativa permitiría tratar a las pandillas como organizaciones terroristas, una denominación que les fue dada hace un año. La semana pasada, los presidentes de los países vecinos, Honduras y Guatemala, que también se encuentran azotados por la violencia, se unieron a El Salvador en un pacto “histórico”, que busca en gran medida abordar el actual problema de las pandillas en la región.
Pero además del número de muertes, la crítica situación de seguridad en El Salvador tiene graves consecuencias para la economía del país.
Casi seis de cada 10 empresas encuestadas por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) no tienen ningún deseo de invertir en el país —9 por ciento más que en 2011, informó El Mundo—. De éstas, el 78 por ciento considera que la delincuencia y la inseguridad son los principales factores disuasivos.
Además, el 62 por ciento de las empresas encuestadas informaron que las actividades criminales generaron directamente una disminución en sus ventas o en los servicios que ofrecen, mientras que más del 42 por ciento señalaron que habían sido extorsionadas.