Guerrero, México, no puede enfrentar el crimen organizado: fiscal general del estado

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El estado de Guerrero al sur de México no tiene la “capacidad de enfrentar el crimen organizado”, según su fiscal general, Xavier Olea. Sus comentarios ponen de relieve un problema de siempre en la región: sistemas de justicia ineficientes invadidos de corrupción, incapaces de manejar los problemas de delincuencia que enfrentan.

Guerrero es uno de los estados más violentos de México y es un eje importante de producción y tráfico de heroína. Las arterias del sistema de justicia del estado están “muy tapadas”, su corazón tiene “mucha grasa” y los intentos de librarlo de la corrupción son como tratar de realizar una “operación a corazón abierto”, según comentarios hechos por Olea en una entrevista reciente con el periódico español El País.

Con apenas 400 policías investigadores estatales para todo Guerrero, Olea afirma que simplemente no tiene los medios para abatir las células del crimen organizado que son ahora la ley de facto en algunas zonas de la región.

Por años las autoridades mexicanas han luchado por ganar control de Guerrero, y tanto el Ejército mexicano como la Policía Federal tienen presencia importante en la región junto a los organismos de orden público locales.

Las tasas de homicidios, que pasaron de 2.016 en el año 2015 a 2.213 en 2016, son unas de las más elevadas del país. La impunidad y la corrupción son generalizadas, y pese a la creación de cerca de 50 grupos criminales, las autoridades han sido incapaces de revertir el deterioro de la situación de seguridad.

Análisis de InSight Crime

Los comentarios más recientes del fiscal general de Guerrero confirman el limitado impacto de las estrategias de seguridad en la región hasta el momento, y también muestran la falta de recursos de que disponen los funcionarios responsables de hacer las mejoras. Los comentarios de Olea también tienen un elemento político, y pueden ser parte de un pedido de más fondos federales para sus labores de seguridad.

En los últimos años, Guerrero se ha convertido en motivo de vergüenza para los gobiernos local y federal, y es del interés de ambos que mejoren los asuntos en el estado sureño mexicano.

El año pasado, Olea declaró que había cerca de 50 grupos criminales diferentes operando en Guerrero. Eso es posible debido en parte a un proceso de fragmentación criminal que se arraigó luego del debilitamiento, desde 2009, de la Organización Beltrán Leyva, que fuera en una época el grupo dominante en esa parte de la Costa Pacífica. Pero el débil sistema de justicia también promueve la criminalidad garantizando impunidad para muchos de los perpetradores del tipo de delitos que azotan a Guerrero, entre ellos el secuestro, el homicidio y la extorsión.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la Organización Beltrán Leyva

Muchos casos emblemáticos del poder del crimen organizado en México y la naturaleza problemática de la actual ofensiva militar del gobierno se han desplegado en este empobrecido estado rural.

En 2014, 43 estudiantes fueron detenidos ilegalmente en la ciudad de Iguala y al parecer asesinados en un caso que implicó a la policía federal y al ejército, junto con las fuerzas de seguridad municipales, que trabajaban directamente con la pandilla Guerreros Unidos. La investigación federal sobre el hecho ha queda en descrédito tanto en el país como en el exterior, y ha sido uno de los mayores dolores de cabeza para el presidente Enrique Peña Nieto y su administración.

Acapulco, una de las atracciones turísticas más importantes de México, se ha convertido en campo de batalla entre diferentes bandas criminales, que en marzo llevaron a un operador internacional de cruceros a sacar la ciudad de su lista de estaciones portuarias. Los grupos de autodefensa en varias partes del estado se han acusado entre sí de funcionar como brazo armado de diferentes organizaciones criminales; otros han aceptado las mafias secuestradoras locales. Varias ciudades han quedado cautivas durante días por pandillas criminales, que secuestran a hombres jóvenes en masa.

Los civiles peinan las montañas y colinas de la zona rural en busca de fosas clandestinas u otras señales de sus seres queridos desaparecidos, una reacción a la indiferencia y la inacción de las autoridades. Desapariciones, secuestros y “levantones” (captura de personas por grupos armados) son pan de cada día.

Entre tanto, los campesinos sumidos en la pobreza se han centrado en el cultivo de amapola de opio en lotes clandestinos que salpican las montañas por todo el estado, que alimentan la fiebre de la heroína en Estados Unidos y la violencia y la inseguridad en México.

El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo ha propuesto legalizar el cultivo de amapola de opio para usos médicos como estrategia alternativa para reducir la violencia que azota al estado. Pero no solo es improbable que haya legalización, también se ignora la necesidad de programas amplios de reducción de la pobreza y la creación de alternativas económicas viables para las comunidades que dependen financieramente de la venta de la goma de opio al crimen organizado.

A menos que el gobierno cambie de táctica en los planos estatal y federal, hay poca esperanza de mejoría para la situación de seguridad en Guerrero. Más bien, lo que parece más probable es un deterioro progresivo de la situación. 

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