Los ciudadanos de Guyana son optimistas en cuanto a los progresos en la lucha anticorrupción, aunque el país todavía enfrenta grandes retos en la administración de sus nuevas riquezas petroleras.
Transparencia Internacional incluyó este año a Guyana por primera vez en su Barómetro Global de la Corrupción, una importante medida que permite monitorear la situación del país en el periodo previo a las elecciones de 2020. El estudio revela que el 40 por ciento de los guyaneses creen que la corrupción está disminuyendo, y el 67 por ciento considera que el gobierno está manejando bien el tema.
Las razones de este optimismo tienen que ver con la mayor libertad de los medios de comunicación para criticar al gobierno, la decisión de hacer que los contratos petroleros estén disponibles públicamente y el despido de funcionarios corruptos.
Otras políticas que resalta el informe son la introducción de leyes contra el lavado de dinero y la creación de diversos organismos para vigilar la corrupción en la esfera pública.
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Guyana ha puesto la lucha contra la corrupción en el centro de su agenda política desde las elecciones de 2015, cuando la coalición APNU-Alianza para el Cambio (APNU-Alliance for Change) de David Granger derrotó al Partido Progresista del Pueblo (People’s Progressive Party, PPP) que había estado en el poder durante 23 años.
El PPP había llamado la atención debido a los casos de corrupción que involucraban a miembros del partido que utilizaban su poder político para beneficiarse de los contratos y recursos estatales. Granger obtuvo la victoria gracias a su promesa de investigar a los funcionarios corruptos y crear instituciones para promover la rendición de cuentas gubernamental.
Sin embargo, en Guyana ha habido incertidumbre política después de que Granger perdió por pocos puntos un voto de confianza en diciembre de 2018. Tras un largo caso judicial, se determinó que la votación había sido válida, y Granger se vio obligado a convocar nuevas elecciones para marzo de 2020.
Análisis de InSight Crime
La positiva percepción en cuanto a la lucha contra la corrupción en Guyana es un espaldarazo a la agenda de Granger, a pesar de los problemas políticos de su partido. El enfoque adoptado por el gobierno entrante será crucial para los avances, particularmente en el contexto de la condición de Guyana como el país petrolero más nuevo del mundo.
Guyana iniciará la producción comercial de petróleo en 2020, tras el descubrimiento, en 2015, de vastas reservas de petróleo frente a las costas guyanesas por parte de ExxonMobil. Si bien los recientes hallazgos petrolíferos representan grandes oportunidades para el país, sus instituciones no están lo suficientemente preparadas para gestionar las nuevas riquezas.
Las críticas a Granger por su lentitud en el establecimiento de marcos regulatorios para la producción de petróleo fueron uno de los principales motivos para llevar a cabo la moción de confianza en 2018. Cuatro años después de los hallazgos de ExxonMobil, las leyes petroleras obsoletas y la falta de planes de inversión de los posibles ingresos petroleros aumentan el riesgo de que haya una mala gestión.
Sin embargo, se han dado pasos positivos. Una de las iniciativas de Granger fue la creación de la Agencia de Recuperación de Activos Estatales (State Assets Recovery Agency, SARA), que está investigando las licencias petroleras vendidas a ExxonMobil y otras compañías, supuestamente a bajos precios y sin el debido proceso. El resultado de esta investigación será la prueba de fuego de la capacidad de la agencia para obligar a la industria a rendir cuentas.
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Muchas cosas están en juego. La vecina Venezuela es ejemplo de la corrupción y la ruina económica relacionadas con la denominada “maldición petrolera”, que ha afectado a países que no logran manejar adecuadamente la riqueza generada por sus recursos.
Venezuela también plantea otros retos para los gobiernos guyaneses actuales y futuros. La administración de Maduro reclama parte de los campos petroleros de Guyana, e incluso ha enviado cañoneros para obstruir las exploraciones de ExxonMobil. Además, reclama la región fronteriza de Guyana, que enfrenta crecientes retos de seguridad debido a la afluencia de grupos criminales venezolanos.
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