La Corte Suprema de El Salvador declaró inconstitucionales las condiciones en las abarrotadas prisiones del país, en un fallo con implicaciones para las políticas de mano dura del gobierno orientadas a derrotar a las pandillas.
La Corte Suprema de Justicia en un fallo del 3 de junio (pdf) dijo que las condiciones en las cárceles del país vulneran “el derecho fundamental a la integridad personal” de los reclusos. El comunicado de prensa de la corte señala que en promedio, 30 a 40 internos se alojan en un espacio que mide 10,2 metros cuadrados. Eso supone cerca de 0,28 m2 (3 pies2) por persona.
Las cifras indican que El Salvador tiene las cárceles con mayor sobrepoblación de la región, seguido de Cuba y Panamá, según un informe basado en datos del Instituto para la Investigación de la Política Penal.
Las inhumanas condiciones violan el Artículo 11 de la constitución de El Salvador, que concede a los reclusos el derecho a una detención digna. La corte ordenó que se construyeran nuevas instalaciones y se adaptara las prisiones existentes para acomodar mejor a los reclusos.
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La corte insistió además que los jueces correspondientes “realicen urgentemente una labor de actualización e identificación de aquellos internos que ya no deban continuar detenidos” en un intento de reducir la carga en el sistema federal penitenciario.
El fallo ordenó al Ministerio de Salud que realice visitas médicas periódicas en el sistema para evaluar las necesidades sanitarias y médicas de la población detenida.
Análisis de Insight Crime
Cualquier revisión de la estructura carcelaria de El Salvador podría tener implicaciones de gran alcance. Los cabecillas de las dos principales pandillas del país, Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, han dirigido por largo tiempo las actividades de sus grupos desde la prisión.
El gobierno ya había implementado medidas de emergencia con el propósito de aislar a los cabecillas de las pandillas en la cárcel de sus subalternos en las apiñadas instalaciones y en las calles. Los funcionarios han anunciado también planes de liberar a infractores no violentos y de construir centros carcelarios de baja seguridad para reclusos sin relación con las pandillas.
Es poco probable que las medidas de emergencia y las medidas restrictivas actuales contra las pandillas en las calles —que también se ha visto acosada por críticas de violaciones a los derechos humanos— pueda lograr la meta demasiado optimista del gobierno de poner bajo control esas organizaciones criminales masivas en un año. Sin embargo, las reformas carcelarias más amplias exigidas por la Corte Suprema podría ser un paso importante para fomentar una solución más sostenible, aunque gradual al persistente problema de pandillas en El Salvador.
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