Una periodista mexicana que se vio obligada a dejar el país temiendo por su vida, ofrece una historia de cómo los medios de Tamaulupias fueron coaccionados por los Zetas, detallando sus experiencias y ofreciendo una perspectiva personal de los peligros y la violencia con que se enfrentan los periodistas en México.
Bajo el seudónimo de “Raquel Suma” la exeditora de un diario de Tamaulupias, estado ubicado al noreste del país –una región disputada por el Cartel del Golfo y los Zetas- contó sus experiencias a Sin Embargo. Según ella, cuando los Zetas llegaron, comenzó la violencia contra los periodistas.
“Las cosas funcionan así: Los Zetas te llaman por teléfono; tienen todos tus números, el del celular, el de la oficina, el de tu casa. Contactan con un reportero que es como el representante de la fuente policiaca y envían un boletín que puede referirse a cualquier tema”, dijo Raquel. “También pueden enviarte la orden de que no se publique algo”.
Las demandas de los Zetas en cuanto a la cobertura no sólo estuvieron relacionadas con sus actividades criminales, sino también con un amplio espectro de noticias sociales, tales como logros deportivos de sus miembros o el bautismo de sus hijos.
El grupo criminal monitoreaba cuidadosamente a la prensa, afirmó, y si las ordenes no eran cumplidas, golpeaban al periodista responsable con tablas con clavos.
Raquel hizo hincapié en la forma como funcionarios del gobierno protegieron e incluso fueron cómplices de los Zetas “no podemos destapar ningún escándalo contra funcionarios locales cómplices del crimen organizado”, dijo. “Los Zetas son más puntuales y concisos. Ellos tienen muy claro a qué persona van a atacar y a cuál van a defender”.
Análisis de InSight Crime
La narrativa de “Suma”, que recuenta sus experiencias con la intimidación del crimen organizado a los medios en México, añade una dimensión personal al problema que ha llevado al Comité para la Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a identificar a México como uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para los periodistas.
La incapacidad del gobierno mexicano para ofrecer protección significativa a los periodistas en respuesta a esto, ha llevado a una situación en la que el miedo a las represalias, por parte del crimen organizado, ha provocado la autocensura generalizada por parte de los medios del país.
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Pese a años de advertencias sobre la intimidación y la violencia que tiene como blanco a los periodistas, no ha habido ninguna tregua. El 11 de febrero, la víctima más reciente de esta violencia fue encontrada en el estado de Veracruz, al oriente del país, considerado como uno de los estados más peligrosos de México para los periodistas. Gregorio Jiménez fue secuestrado, asesinado y enterrado en una fosa común.
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